Cajasur se querella contra el ex director y Rafael Gómez
Cajasur zanjó ayer la auditoría abierta tras las irregularidades detectadas por el Banco de España anunciando sendas querellas contra el ex director Francisco Jurado y el promotor Rafael Gómez. Los acusa de 'presuntos delitos de administración desleal' y de unos daños por encima del millón de euros.
La depuración de responsabilidades que anunció Cajasur tras la auditoría abierta hace un año por las irregularidades detectadas por el Banco de España se concretaron ayer con el anuncio de sendas querellas contra dos de las personas más próximas a la caja durante la presidencia del sacerdote Miguel Castillejo. Una de las denuncias por 'presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida' se presenta contra el antiguo socio de la caja en la inmobiliaria conjunta Arenal Sur 21, el promotor cordobés Rafael Gómez, alias Sandokán e implicado el la Operación Malaya. También se lleva a los tribunales con la misma imputación al ex director general Francisco Jurado, cuya gestión como primer ejecutivo de Castillejo dio lugar a la citada auditoría extraordinaria y a la posterior remodelación de la cúpula de la entidad.
Según informó ayer la caja, la querella contra Rafael Gómez asegura que el promotor suscribió en 2004, cuando compartía con Cajasur la propiedad de Arenal Sur 21, un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa para la realización de unos trabajos 'ficticios o de imposible cumplimiento'. Esta empresa debía mediar ante el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) para que modificara la edificabilidad de unos terrenos propiedad de Arenal Sur 21 en los que los aprovechamientos legales rondaban los 4.200 metros cuadrados. Sin embargo, siempre según la querella, Gómez pretendía que esa edificabilidad superase los 39.000 metros cuadrados.
Por este motivo, Cajasur reclama al promotor cordobés 849.000 euros, mientras que al titular de la empresa de servicios, que también aparece como querellado, le exige la misma cantidad.
En cuanto a la querella contra Francisco Jurado, la caja considera que ha incumplido la buena fe contractual al vulnerar la normativa interna y no respetar los controles en la concesión de determinados créditos. La querella cuestiona dos créditos y acusa a Jurado de haber cobrado por ellos unas comisiones de 180.000 euros.
El presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra, aseguró ayer que puso ambas irregularidades en manos del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Banco de España, lo que a su vez ha propiciado una investigación paralela de la Fiscalía Anticorrupción.