Siniestralidad laboral en la construcción
A pesar de la mejora paulatina que los indicadores de siniestralidad laboral vienen reflejando, la preocupación por las elevadas tasas de accidentes de trabajo sigue estando presente en nuestras relaciones laborales. Y todas las miradas apuntan al sector de la construcción. Sin mayores aclaraciones, se da por sentado que en el mismo se concentran la mayor parte de los accidentes y los menores esfuerzos para evitarlos.
Esta es una visión simplista e injusta. Sin tratar de restar importancia a la grave lacra de la siniestralidad laboral que sufrimos, es necesario conocer mejor la situación, saber qué se está haciendo y estar así en condiciones de proponer los avances adecuados.
Ese es el propósito del informe encargado por la Confederación Nacional de la Construcción, y recientemente publicado con el título Informe sobre la situación de la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción en España, y del que he sido autor junto con Gregorio Tudela y Yolanda Valdeolivas.
Es necesario continuar con las labores de concienciación y de vigilancia desplegadas por los agentes sociales del sector
Lo primero que se pone de manifiesto en sus conclusiones es que, desde el punto de vista de la siniestralidad, el sector de la construcción tiene características singulares: se trata de una actividad de riesgo; la obra de construcción presenta particularidades, derivadas de la existencia de dos fases distintas, de proyecto y de ejecución, que exigen una atención específica y una elevada coordinación; la organización de la propia obra es compleja y en ella intervienen una pluralidad de sujetos; y también concurren factores externos, como la generalización de la descentralización como fórmula de organización productiva y la alta temporalidad de la actividad, y por tanto del empleo, en el sector.
Todo eso no puede perderse de vista cuando se valoran los datos de siniestralidad laboral en la construcción. Datos que ponen de manifiesto que, en los últimos 10 años, este sector es el que presenta una mejor evolución. Si bien en relación con el resto de sectores productivos, el patrón de evolución es similar, con un periodo de mayor siniestralidad comprendido entre los años 1998 a 2002, la caída continuada que se produce desde este último año es más acusada en la construcción.
Es significativo, en ese sentido, que el índice de accidentes graves, y sobre todo mortales, es claramente descendente, pasando de 187 accidentes graves por cada 100.000 trabajadores en 1996, a 117 en 2006, y de 19 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en 1996 a 12 en 2006 (con un leve repunte en 2002). Este comportamiento se confirma mediante el cálculo del índice de gravedad (número de accidentes graves y mortales por cada 100 accidentes), que presenta una importante disminución, de 2 a 1,2, alcanzando en 2006 la cifra más baja.
Esta tendencia a la disminución de los índices de siniestralidad no debe quedar empañada por la lamentable subsistencia de un número elevado de accidentes, en particular mortales, ni por la mayor tasa al respecto de la construcción. Sin ignorar la gravedad de la situación, dicha disminución pone de manifiesto que se vienen adoptando algunas soluciones que están mejorando de modo significativo los resultados de periodos anteriores.
En particular, en el origen de los avances reseñados están el compromiso y la implicación de los agentes sociales. El IV Convenio General del Sector de la Construcción constituye un ejemplo en ese sentido, sobre todo su libro II, dedicado íntegramente a los aspectos relativos a la seguridad y salud en el trabajo. También la labor de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) y del Organismo Paritario de Prevención en la Construcción (OPPC) ha sido determinante.
Queda, lógicamente, mucho por hacer. Subsisten carencias significativas y el informe formula recomendaciones y propuestas para su corrección. Se trata de fomentar la interiorización de una cultura preventiva, conducente a la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en las empresas, y de afrontar los factores estructurales que marcan el desempeño de la actividad profesional en la construcción (la complejidad de la obra, el alto nivel de rotación de la mano de obra, la generalizada utilización de la subcontratación) y que dificultan la efectiva implantación de unas adecuadas condiciones de seguridad y salud en las obras.
Para ello, deben adoptarse medidas tanto de reforma legislativa (formulación de un concepto de accidente de trabajo a efectos preventivos, simplificación y sistematización de la normativa legal específica del sector, reordenación de las responsabilidades derivadas del accidente, revisión de la prohibición de recurrir a los servicios de las empresas de trabajo temporal), como de investigación, de formación (de los trabajadores y de los técnicos que intervienen en la obra, tanto en fase de proyecto como de ejecución) y de organización de las actividades y servicios de prevención.
Más importante que la adopción de esas medidas, sin embargo, es continuar con las labores de concienciación y de vigilancia desplegadas por los agentes sociales del sector, reafirmando la colaboración en estas materias (el papel del OPPC y de la FLC puede ser todavía más incisivo que el desarrollado hasta ahora), en las que sólo desde la responsabilidad compartida y de la apuesta común por la protección de la seguridad y salud en el trabajo pueden conseguirse resultados positivos y duraderos.
Federico Durán López Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues