El Tribunal de Cuentas exige al Adif más control sobre la subcontratación
El Tribunal de Cuentas ha instado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), promotor y titular de la red de alta velocidad en España (AVE), a que controle toda la cadena de subcontratación de sus obras.
Los pliegos de los concursos de construcción promovidos por el Adif, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, deberían obligar a las compañías adjudicatarias a comunicar el importe de todos las actividades subcontratadas, su duración y porcentaje de participación en los trabajos.
Así, al menos, se lo ha aconsejado el Tribunal de Cuentas -entidad que fiscaliza la actividad económica y financiera del sector público atendiendo a principios de legalidad y eficiencia- a la entidad promotora de la construcción del AVE y titular de esa red ferroviaria.
Entre sus recomendaciones figura también que se activen mayores medidas de control sobre esa red de subcontratas. Una tarea que, según el Tribunal, deben ejercer las propias adjudicatarias de los contratos por mandato de Adif.
El gestor del AVE incumplió la Ley de Contratos, según un informe del Tribunal
Entre los puntos para aumentar la vigilancia destacan la petición de acreditación de solvencia técnica, económica y profesional a las pequeñas constructoras. Al mismo tiempo, las adjudicatarias deben cotejar que sus socios en la ejecución de una obra disponen de los medios adecuados para llevarlas a buen término.
Las medidas preventivas del Tribunal de Cuentas instan al Adif a valorar el 'volumen y la importancia' que la subcontratación tendrá en sus proyectos a la hora de decidir sobre la empresa adjudicataria. Además, trata de impulsar, con carácter general, 'procedimientos y mecanismos necesarios para conseguir la mayor eficacia posible en el seguimiento de la subcontratación de las obras que adjudique'.
El Tribunal de Cuentas acaba de lanzar esta batería de advertencias incluidas en un informe sobre la subcontratación de los contratos de obras de Adif en lo que toca a los ejercicios 2003, 2004 y 2005. El objetivo es verificar si el organismo se ha sometido a la legislación vigente.
Incumplimientos
El informe ha constatado que en los referidos ejercicios Adif, y su predecesor GIF, no cumplieron con lo estipulado en la Ley de Contratos la Administración Pública.
Según versión del Tribunal de Cuentas, en los pliegos de los contratos que saca a concurso, Adif pide a sus licitadores que indiquen en las ofertas sus proposiciones sobre la actividad a subcontratar, pero 'no establece medidas para comprobar el cumplimiento de lo legalmente dispuesto, ni fija medios para realizar un seguimiento y control sobre dichos trabajos subcontratados y las empresas que los ejecutan'.
De igual forma, según el Tribunal, la antigua GIF y la actual Adif sólo tuvieron un conocimiento 'parcial' de los subcontratos de sus obras y en dos supuestos de los analizados los porcentajes de subcontratación superaron los límites legalmente establecidos.
El citado documento de fiscalización pone de manifiesto que todos los contratos de GIF y Adif superiores a seis millones de euros registraron algún tipo de subcontratación en dichos años, lo que supone el 14,4% de los 6.872,95 millones de euros que suman esas actuaciones.
Los incumplimientos a cargo de los organismos dependientes del Ministerio de Fomento también afectan a las condiciones de pago, siendo peores para los subcontratistas que para los adjudicatarios principales.
Y un último punto crítico en el que incide el órgano fiscalizador presidido por Manuel Núñez es que Adif no está comprobando si los subcontratistas se encuentran inmersos en alguno de los casos en los que está prohibido contratar con la Administración.
En descargo del Adminitrador de Infaestructuras Ferroviarias, en 2006 sacó adelante unas normas reguladoras de subcontratación basadas en un registro, pero el Tribunal de Cuentas argumenta que 'su actividad resulta aún limitada y no permite establecer un control efectivo'.