Primer año de la Agencia de Evaluación y Calidad

La Agencia de Evaluación y Calidad, primera constituida en el ámbito de la Ley de Agencias Estatales, cumple ahora un año desde su creación. El autor, que avanza algunos resultados de su actividad, destaca el importante papel de ésta como impulsora de la mejora de la eficiencia de las Administraciones y programas públicos

La Agencia de Evaluación y Calidad ha cumplido un año desde su creación. Contemplada en el programa de gobierno, su nacimiento ha sido fruto de una doble perspectiva, acompañado de una doble finalidad.

La creación de la nueva institución forma parte de un programa de reformas que integra un conjunto de medidas de gran calado al servicio de la innovación y modernización de la actividad pública, entre las que se encuentran la Ley de Agencias Estatales, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas.

Desde el principio, y en consonancia con las recomendaciones de la comisión de expertos constituida para su creación, se consideró como una institución con objetivos de medio y largo plazo (estratégica) vinculada a los principios y requisitos de la Unión Europea y la OCDE en relación con el buen gobierno y alineada con la necesaria mejora de la calidad de la regulación y el reforzamiento del papel del sector público como factor de crecimiento económico y bienestar social, en definitiva, con la Estrategia renovada de Lisboa.

La Agencia ha trabajado para que el Gobierno español se incorporara desde el principio al programa europeo de reducción de cargas administrativas que soportan las empresas

El éxito en la ejecución y resultados de las políticas públicas podrá mejorarse si se refuerzan los mecanismos de coordinación interdepartamental

Su doble finalidad: política (rendición de cuentas, transparencia, calidad democrática) y económica (eficiencia, racionalización en el uso de los recursos, mejora de las decisiones en base a evidencias, impactos en la sociedad), figura expresamente en su normativa de creación. El informe de la propia comisión de expertos concluía recordando que en un entorno de estabilidad presupuestaria y dentro del contexto de necesaria mejora de la productividad y la competitividad de la economía española, la apuesta por impulsar de forma integral, al máximo nivel institucional, la evaluación debía considerarse 'una política clave de reforma estructural en este caso de modernización de la Administración pública española'.

ESTRATEGIA RENOVADA DE LISBOA

En consonancia con todo lo anterior, el Programa Nacional de Reformas del Gobierno de España, la Estrategia de Desarrollo Sostenible, el Programa de Estabilidad, los Informes de Progreso, recogen el papel de la Agencia y sus evaluaciones en el desarrollo de un análisis 'independiente' respecto a los resultados, grado de aplicación y éxito de los programas y políticas públicas de reforma acordadas. El Consejo de Ministros, en el mes de marzo de 2007, aprobaba un conjunto de siete evaluaciones que debían ser abordadas por la Agencia durante este primer año de constitución. Entre ellas se encontraban evaluaciones en tres de las cuatro áreas definidas como prioritarias por la Unión Europea para la aplicación de la Estrategia renovada de Lisboa (energía y cambio climático; I+D+i, y actividad empresarial y emprendedora).

En esta última área, por ejemplo, la Agencia ha trabajado para que el Gobierno español se incorporara desde el principio al programa europeo de reducción de cargas administrativas que soportan las empresas, ha analizado las causas que hacen de nuestro país, en comparación con los países de nuestro entorno, un lugar donde crear una empresa es más caro y donde más tiempo se tarda, elaborando una serie de recomendaciones para reducir el coste de su creación en términos de dinero y tiempo. También ha estudiado las líneas de financiación que se ponen a disposición de las pymes y los emprendedores, elaborando también una serie de recomendaciones para mejorarlas.

AVANCE DE RESULTADOS

Todas las evaluaciones encargadas en ésta y en el resto de las áreas se vienen efectuando dentro del plazo previsto y serán hechas públicas en los próximos meses.

Del conjunto de evaluaciones efectuadas, es posible avanzar, no obstante, algunas consideraciones generales que merecen subrayarse:

a) Los departamentos ministeriales y los agentes económicos y sociales afectados han mostrado mayoritariamente su interés y colaboración con las evaluaciones, lo que está permitiendo su realización con pleno rigor y transparencia.

No obstante, algunos -muy pocos- responsables administrativos han visto en las evaluaciones más una amenaza que una oportunidad de conocimiento. Es un exponente de la insuficiente cultura de evaluación en nuestra Administración y de la necesidad de profundizar en entornos de transparencia, un principio específico de esta Agencia.

b) El éxito en la ejecución y resultados de las políticas públicas podrá mejorarse si se refuerzan los mecanismos de coordinación interdepartamental, se configuran órganos ejecutivos de dirección y seguimiento de algunos programas y se profundiza en la colaboración con las comunidades autónomas.

c) Dada la relación necesaria entre resultados e impactos de las políticas y programas públicos y la dotación de recursos (calidad del gasto) podría simultanearse la selección de políticas a evaluar en un determinado año con la discusión parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para ese año. Se mejorarían de esta forma los usos de los resultados de los informes tanto por parte de la Administración general del Estado como del Parlamento.

Finalmente, quisiera destacar, tal como en su día incidiera el Consejo de Estado, en el papel impulsor que está desempeñando la Agencia de Evaluación, como primera agencia constituida en el ámbito de la nueva Ley de Agencias Estatales, en el desarrollo de la cultura de gestión en base a resultados. Su concepción, la configuración de su estatuto, así como, entre otras referencias, su aportación al diseño de los contratos de gestión y al fundamento de los criterios y procedimientos de la relación principal-agente entre los departamentos ministeriales y los nuevos organismos, ha resultado singularmente favorable al proceso de creación de las nuevas agencias, sobre cuyo compromiso con la calidad del servicio a los ciudadanos debe anualmente informar al Congreso de los Diputados.

DE NUEVO EN LA AGENDA POLÍTICA

Los programas electorales en España y los planes del presidente Nicolas Sarkozy en Francia están volviendo a situar estos días en la agenda política la necesidad de evaluar los resultados de la acción de los Gobiernos y de sus políticas y programas. En España, tanto el partido en el Gobierno como el principal partido de la oposición se han definido por 'reforzar' y 'mejorar' el papel de la Agencia de Evaluación y Calidad. Incluso el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, en su propuesta a los partidos políticos, ha recogido la necesidad de dotar a la Agencia de Evaluación de mayor relevancia y poner en juego de forma inmediata todas sus competencias y funciones.

Por lo que respecta a Francia, las primeras informaciones de prensa sobre el compromiso de evaluar el cumplimiento de los objetivos públicos anunciados han sido recibidas en nuestro país con división de opiniones, que van desde aquéllas que ponen el acento en los peligros de trivializar la evaluación y promover su falta de institucionalización, al propugnar que sean consultores privados los encargados de efectuarlas, hasta las que subrayan la oportunidad de mejora que supone para el impulso de la evaluación y la apuesta por el análisis de impactos y eficiencia.

En una línea de clara proximidad a la filosofía y la práctica española reciente, el informe de la Comisión para 'liberar el crecimiento francés', presidida por Jacques Attali, hecho público el pasado 24 de enero, recomienda crear agencias para los principales servicios al público y evaluar todo servicio público por organismos independientes.

La creación de la Agencia de Evaluación y Calidad constituyó en su día un logro institucional innegable. Su diseño y despliegue dentro del ámbito de la Estrategia renovada de Lisboa y los principios de gobernanza europeos es indudable, así como su importante rol para impulsar la mejora de la eficiencia de las Administraciones y programas públicos. Pues bien, su primer año de funcionamiento ha servido para confirmar lo acertado de su creación y su gran potencialidad de cara al futuro.

Para su consolidación, resulta imprescindible que alcance credibilidad y reputación a través de su propia práctica y resultados, y que estos últimos sean acordes con las finalidades perseguidas en su creación.

Pero igualmente precisa de un apoyo público e institucional suficiente, incluyendo recursos y medios, para que la apuesta realizada por el Gobierno y el Parlamento quede afianzada.

Juan Antonio Garde Roca Presidente de la Agencia de Evaluación y Calidad