La CE procesa a España por las condiciones a la opa de Endesa
La CE anunció ayer la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no haber retirado las condiciones ilegales a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa y le dio sólo quince días laborables para suprimirlas, bajo amenaza de seguir adelante con el proceso sancionador.
El portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, dejó claro que, dada la negativa de las autoridades españolas a retirar las medidas, a Bruselas 'no le queda otra opción' que iniciar un procedimiento.
Todd lamentó que Madrid hiciera caso omiso al requerimiento que le hizo la Comisión en diciembre pasado, cuando confirmó que varias de las condiciones a la entrada de Enel y Acciona en la eléctrica española no respetaban la legislación europea y exigió su supresión.
Bruselas destaca que, al imponer condiciones a una fusión de dimensión comunitaria, el Gobierno español no respetó la competencia exclusiva de la Comisión en este tipo de operaciones.
El ejecutivo de la UE dio vía libre en julio pasado a la compra de Endesa por Enel y Acciona, sin ninguna condición, al considerar que no perjudicaría a la competencia en Europa. El portavoz recalcó, además, que Bruselas 'no puede tolerar' que un Estado miembro imponga obstáculos ilegales a una concentración transfronteriza.
Entre las condiciones que la Comisión no acepta figura mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de la eléctrica. Además, obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación, y conservar dentro de Endesa los activos no peninsulares.
Industria insistió ayer en la legalidad de las condiciones impuestas a Enel y Acciona para comprar Endesa, y reiteró que el conflicto con la CE reside en una diferencia de criterios jurídicos y acabará previsiblemente en el Tribunal de Luxemburgo. Aseguró que las condiciones impuestas a las dos compañías se ajustan a la normativa comunitaria, son 'adecuadas, necesarias y proporcionales' y tienen como objetivo garantizar el suministro energético.