Los autónomos quedan fuera, de momento, de la ayuda de 400 euros
La deficiente explicación de la nueva deducción de 400 euros en el IRPF prometida por el presidente Zapatero a asalariados y pensionistas ha obligado al Gobierno a reaccionar y a salir en tromba en defensa de la progresividad de la medida. De momento, no se plantea beneficiar con ella a los autónomos.
Consciente de que con esta nueva promesa de deducción el Gobierno ha recuperado la iniciativa en la oferta fiscal, pero también ha abierto nuevos flancos aprovechables desde la oposición, el esfuerzo de buena parte de los ministros, de La Moncloa y de los dirigentes socialistas se concentra ahora en convencer de que la iniciativa encaja en los postulados clásicos de la socialdemocracia porque introduce criterios evidentes de progresividad fiscal. Puertas adentro, se admite que se trata de una medida polémica, con la que se corre el riesgo de desmovilizar a la izquierda en unas elecciones donde el nivel de participación es considerado un factor fundamental para frenar las aspiraciones del PP.
Cuarenta y ocho horas después de anunciar la medida, el presidente Zapatero y el vicepresidente Pedro Solbes aclararon ayer algunos aspectos clave. El primero, que no se trata de una devolución de renta equiparable al llamado cheque-bebé, entre otras razones porque se trata de una deducción en la cuota del IRPF y, por tanto, una reforma fiscal en toda regla que no se limitará al ejercicio de 2008. El segundo, que se aplicará a partir de junio de forma dosificada. En ese mes cada contribuyente ingresaría alrededor de 200 euros (equivalente a la devolución de retenciones del primer semestre) y a partir de entonces los 200 restantes se repartirían por mensualidades: no se cobrarán los 400 euros de golpe. El tercer aspecto aclarado es que el Gobierno, de momento, no tiene intención de extender este beneficio fiscal a los dos millones de autónomos, como tampoco a quienes no declaren IRPF. Zapatero precisó que primero habrá que estudiar sus efectos entre los asalariados.
En los documentos que maneja el Ejecutivo para convencer de que se trata de una reforma progresiva y que, por tanto, beneficia a las rentas más bajas, se hace hincapié en que la medida implica una reducción media en el IRPF del 7% y que de ella saldrán mejor parados quienes tengan rentas inferiores a 30.000 euros anuales. También se establece un abanico amplio de casos para probar esta progresividad. Por ejemplo, para un asalariado sin hijos y con una renta de 12.000, 17.000 o 60.000 euros, el pago del impuesto se reduciría en un 44%, 18% ó 2%, respectivamente. Para un asalariado con un hijo a cargo y con estas mismas escalas de renta, el IRPF se rebajaría en un 87%, 23% y 2%, respectivamente. Para un pensionista sin hijos a su cargo y con una renta de 12.000, 17.000 o 34.000 euros, el pago de este tributo se abarataría en porcentajes del 59, 20 y 6%. Por último, para un pensionista con un hijo a su cargo y con abanicos de renta similares a estos últimos citados, la cuota se reduciría en un 100, 26 y 6%.
Queda el flanco débil de los autónomos, a los que algunas formaciones políticas como CiU ya han acudido en su socorro, y también el de aquellos asalariados y pensionistas que quedarían al margen de este beneficio fiscal porque, sencillamente, no declaran en el IRPF. Desde fuentes cercanas al Gobierno se argumenta que para ayudar a estos colectivos hace tiempo que se actúa con iniciativas como las ayudas por nacimiento o adopción, de emancipación, subidas en el salario mínimo y en las pensiones.
El Ministerio de Economía explicó ayer que la ventaja de esta reforma es que supone un coste no superior a los 5.500 millones de euros, compatible en todo caso con el principio de estabilidad presupuestaria y con los compromisos de gasto social contraídos. Esto no sería posible, insisten, con las propuestas del PP, cuyo coste se sitúa por encima de 30.000 millones. En todo caso, no se descarta que, según evolucione la campaña, la oferta del PSOE vaya aún más lejos.
Almunia pide prudencia en las ofertas
Tanto el PSOE como el PP deberían ser prudentes con sus ofertas fiscales, insistió ayer el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, preocupado ante la posibilidad de que una carrera electoral alocada 'tire por tierra' el superávit acumulado en los últimos cuatro años.En una entrevista con Onda Cero, Almunia pidió 'moderación' a los dos grandes partidos, a los que recordó que el logro de un superávit superior al 2% en las cuentas públicas de 2007 carece de precedentes y es algo 'inédito' en la historia española.En opinión del comisario europeo, 'no hay razón' para hablar de crisis económica, sino que 'hay una cierta desaceleración' que hará que en 2008 se crezca menos que en 2007, a pesar de lo cual 'se seguirá creando empleo'. 'No hay que hacer caso a los agoreros, a los casandras', afirmó Almunia, quien indicó que hay que prestar atención a la gente que mira la realidad 'tal cual es' y que 'maneja los datos', sin quedarse 'con los brazos cruzados' pero 'sin asustar más de la cuenta'.
100.000 nuevos empleos
La reactivación económica que se generaría con la devolución de 400 euros anuales a 13 millones de contribuyentes permitiría crear 100.000 nuevos empleos, según mantuvo ayer en declaraciones a TVE el presidente Rodríguez Zapatero.