Aragón gastará 650 millones en renovar sus carreteras con una concesión
El Gobierno de Aragón tiene previsto poner en marcha este año un ambicioso programa de renovación de su red de carreteras, según el cual acondicionará un total de 1.500 kilómetros de vías, con una inversión estimada en 650 millones de euros.
La principal novedad de esta iniciativa es que se acometerá a través del sistema concesional, contemplado en la Ley de Contratos del Estado, al igual que ha hecho el Ministerio de Fomento con el plan de renovación de las autovías de primera generación.
Mediante este mecanismo, la empresa adjudicataria en el concurso de licitación asume el proyecto de acondicionamiento de la vía, así como su mantenimiento durante un periodo de tiempo que suele oscilar en torno a 25 años.
Según informaron fuentes del Gobierno aragonés, la empresa que resulte ganadora del concurso estará obligada, por tanto, a realizar tareas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento de la red viaria estructurante, que para la ejecución de este proyecto se va a distribuir en ocho sectores distintos.
Por la realización de esos trabajos de reforma y mantenimiento las empresas recibirán del Ejecutivo autonómico una cantidad periódica. Ese canon aumentará o disminuirá en función de factores como la demanda que sea capaz de absorber la vía o su nivel de siniestralidad.
De los 2.400 kilómetros de carretera que Aragón considera prioritarios para actuar, en 680 se han realizado algunas tareas de mejora en los últimos años. En los 1.720 kilómetros restantes se han llevado a cabo diversas actuaciones, aunque requieren reformas urgentes en firmes, cunetas, asfaltados, señalización y seguridad vial. El proyecto espera actuar de manera integral sobre unos 1.500 kilómetros y prevé que los grandes trabajos de reforma finalicen en 2013. Los usuarios de las carreteras ya renovadas no deberán pagar peaje alguno.
Antídoto a la crisis
La iniciativa del Gobierno aragonés es un buen ejemplo de lo que quieren las grandes constructoras que pongan en marcha las administraciones públicas. Con la proliferación de esta clase de proyectos se podrían paliar los efectos del ajuste inmobiliario.