Total dice que el fallo del 'Erika' reduce la seguridad marítima
Total cree que la sentencia que la condena como responsable del hundimiento del petrolero Erika reducirá la seguridad del transporte marítimo. La empresa ve motivos para recurrir la decisión judicial.
La petrolera francesa Total expresó ayer su desacuerdo con la sentencia del Tribunal de Grande Instance de París que condena al grupo como responsable en el caso del hundimiento del petrolero Erika, el 12 de diciembre de 1999, cerca de las costas de la Bretaña francesa.
'Para aumentar la eficiencia y la seguridad, el derecho marítimo internacional diferencia claramente las responsabilidades de los principales actores en el sector del transporte marítimo. El fletador no es responsable de inspeccionar y clasificar los buques. Al hacer responsable a Total, la sentencia del Tribunal podría generar confusión en cuanto a las responsabilidades de cada actor y tener un efecto contradictorio al hacer el transporte marítimo menos seguro', advirtió la compañía en un comunicado.
La Justicia gala ha condenado a Total y la sociedad de clasificación marítima italiana Rina a pagar 350.000 euros de multa, cada una, como responsables de un delito de contaminación, después de que el hundimiento del barco provocara el vertido de 19.800 toneladas de fuel al mar. Además, obliga a las dos empresas a pagar, de forma conjunta, 192 millones de euros a los afectados por la marea negra en concepto de responsabilidad civil.
La empresa, que se felicitó por haber sido absuelta de la acusación de imprudencia temeraria, dijo no entender su condena, 'ya que el Tribunal sabe que las causas del hundimiento del buque escapaban al control de Total'. En este punto, recordó que se ha establecido que el Erika se hundió por problemas de corrosión en el casco, fruto de una grave negligencia 'de la que la empresa no podía estar al tanto'.
Del mismo modo, lamentó que se acuse a la compañía de negligencia en la inspección del buque y en el procedimiento de aceptación técnica del barco (vetting, en la jerga marítima). Total subrayó que puso en marcha este sistema 'de forma voluntaria' para, precisamente, mejorar los niveles de seguridad del transporte marítimo. 'Por eso, es difícil entender que se haga responsable a la empresa de presuntas deficiencias en un procedimiento al que no está obligada por ley, máxime cuando las prácticas de la compañía están en línea con el estándar del resto del sector', indicó.
Por todo ello, Total considera que existen 'numerosos motivos' para recurrir la sentencia, para lo que tiene un plazo de diez días. Las acciones del grupo se dejaron ayer un 1,89% en la Bolsa de París, lo que se suma a la caída del 2,24% del miércoles.
En su comunicado, la petrolera también aprovecha parar recordar que es una de las empresas que financia los fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (Fidac), que por ahora han pagado todas las indemnizaciones que se han reclamado tras el vertido del Erika, y que, además, la compañía destinó por iniciativa propia 200 millones de euros para limpiar el chapapote de las zonas más inaccesibles, vaciar los tanques del barco y tratar los residuos generados.
Un sistema complejo de responsabilidades
A la hora de tratar de esclarecer responsabilidades en un accidente marítimo, los tribunales se encuentran con un entramado complejo con diferentes actores. En la práctica, son las empresas que fletan los buques las encargadas de decidir qué barco contratan para el transporte de su mercancía, para lo que han diseñado sus propios sistemas de evaluación de calidad. Sin embargo, para justificar su decisión se apoyan en los informes que emiten las sociedades de clasificación, que son las que verifican el estado de los barcos a instancias del armador.En el caso del Erika, el armador (Steamship Mutual) fue avisado por la sociedad de clasificación Bureau Veritas del mal estado del barco en junio de 1998. Lo que hizo el propietario fue cambiar de sociedad y lograr que la italiana Rina le autorizara a navegar. A pesar de ello, otras petroleras, como BP y Shell, se negaron a contratar el barco dado su deterioro.A la hora de las indemnizaciones por los daños que provoca un vertido, el armador sólo tiene que hacer frente a una responsabilidad muy limitada, en función del tonelaje del buque (13,5 millones de euros en el caso del Erika). El resto se completa mediante unos fondos (Fidac) que financian las petroleras (Total aportó unos 35 millones) y que tienen un límite de unos 175 millones. Cobrar del fondo supone renunciar a posteriores demandas.