Los sindicatos europeos piden que se grave la importación de países que incumplan Kioto
Los sindicatos europeos se unieron ayer a la propuesta lanzada hace un par de meses por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en la que pedía la introducción de un arancel para todas las importaciones de los países que no hayan firmado el protocolo de Kioto, para proteger a algunas industrias pesadas europeas, como el cemento, la siderurgia o la química, y evitar así futuras deslocalizaciones.
En un comunicado, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) advirtió de que si no se aplica ese sistema las empresas de la UE, especialmente las del sector químico y del cemento, sufrirán las consecuencias al tener que competir con sociedades no sometidas a las mismas normas.
El arancel consistiría en un mecanismo que se aplicaría a productos importados por empresas de la industria pesada de terceros países y que permitiría compensar los costes que soportan las empresas europeas al tener que cumplir con los compromisos de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El secretario general de la CES, John Monks, explicó en rueda de prensa que aunque una medida de ese tipo podría ser tachada de proteccionista, 'la Unión Europea debe aprovechar su influencia para intentar extender la lucha contra el cambio climático a otros continentes'.
Fuentes sindicales confiaron en que la idea sea analizada durante la próxima presidencia de turno de la UE, que asumirá Francia en julio. Monks se mostró especialmente preocupado por la actual falta de respuesta de las autoridades comunitarias y consideró 'inaceptable' que el estudio sobre el citado mecanismo de compensación y sus posibles efectos sobre el empleo haya quedado relegado hasta 2011.
Sin embargo, los sindicatos sí se alinearon con las tesis de Bruselas a la hora de revisar la política de incentivos a los biocombustibles, al reclamar la introducción de normas sociales para la fabricación de carburantes verdes y el uso del Fondo Europeo de Ajuste a la globalización para ayudar a los trabajadores perjudicados por las nuevas políticas energéticas. La UE está considerando revisar sus políticas en biocombustibles por la deforestación y la distorsión que está creando en los precios de los alimentos.