El Tribunal de la UE limita el ejercicio de las protestas sindicales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha delimitado de manera estricta los márgenes de los sindicatos para combatir la deslocalización empresarial y el dumping laboral desde terceros países. Las acciones sindicales, para impedir esos fenómenos, deberán supeditarse 'a una razón imperiosa de interés general', según una sentencia dictada ayer que confirma la línea de jurisprudencia de otro fallo del mismo tribunal del martes pasado.
Patronal, sindicatos e instituciones comunitarias han seguido con gran interés los dos casos porque su resolución marcaría los límites de la libre circulación de trabajadores y el traslado de centros de producción para reducir costes laborales. Y en los dos casos, con matices, han perdido los sindicatos.
El de ayer afectaba a una empresa de construcción letona (Laval un Parnery) que en 2004 desplazó trabajadores de su país para construir una escuela en Suecia. Laval pagaba a sus trabajadores desplazados 1.500 euros mensuales más 660 para gastos de alojamiento, manutención y transporte.
El sindicato sueco del sector intentó negociar un convenio salarial para la obra muy superior (a 16 euros por hora trabajada) y al no conseguirlo impidió su ejecución, condenando a la quiebra a la filial de la constructora. Laval reclamó daños y perjuicios y la demanda ha llegado, en forma de consulta prejudicial del tribunal sueco, hasta la corte de Luxemburgo.
Los jueces europeos han dictaminado que la legislación comunitaria 'se opone a que una organización sindical, mediante una medida de conflicto colectivo, pueda intentar obligar a un prestador servicios establecido en otro Estado a iniciar con ella una negociación sobre las cuantías del salario'.
La Confederación Europea de Sindicatos expresó ayer su decepción por la sentencia y la consideró una amenaza para los sistemas flexibles de negociación salarial de los países nórdicos.
15 gobiernos
Nada menos que 15 Gobiernos de la UE, incluido el español, presentaron alegaciones durante el juicio de la constructora letona. Un revelador interés por un caso que marcará los límites de la acción sindical en conflictos laborales transfronterizos.