Alarma en el sector eléctrico
Analistas, inversores y servicios jurídicos de las eléctricas siguen devanando, para medir el alcance sobre sus cuentas, el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el viernes 7 y que, por su carácter básico (el que se aplica en situaciones de emergencia), entró en vigor al día siguiente, festividad de la Inmaculada. ¿Qué norma merecía una urgencia tal que tuviera que entrar en vigor el día de una fiesta nacional?, se preguntan en el sector.
La absoluta discreción con que los ministerios de Industria y de Economía habían elaborado la norma y la alarma y beligerancia con que la han recibido los mercados y las empresas, demostraría la relevancia de una medida difícil de entender para los consumidores a los que el Gobierno quiere defender.
El polémico real decreto ley establece que en los años de vigencia del segundo Plan Nacional de Asignación (PNE) de derechos de emisión de CO2, entre 2008 y 2012, las eléctricas tendrán que devolver los mayores ingresos que obtengan por repercutir en el precio del mercado mayorista el valor de los derechos de emisión que reciben gratuitamente. En total, 54 millones de toneladas por año.
Aunque el Gobierno ya había aplicado la medida en 2006 y 2007 (años de vigencia del primer PNA), en el sector aseguran que, en reuniones privadas, el secretario de la Energía, Ignasi Nieto, había prometido no repetir esta primera experiencia, que costará al sector 1.200 millones y que las empresas han comenzado a recurrir en los tribunales y la CE.
Pero Industria ha vuelto a la carga para evitar la colosal acumulación del déficit de tarifa, que, dados los precios previstos (53 euros MWh, de los que ocho euros corresponden al coste del CO2), sumará 4.775 millones de euros en 2008, tal como reconoce a priori el real decreto de tarifas de enero.
El decretazo del 7 de diciembre afectará no sólo a las centrales térmicas que emiten dióxido de carbono, sino también a las nucleares e hidráulicas que, por ser el pool un mercado marginalista, se benefician del precio final que marca la tecnología más cara que resulta casada en las subastas (léase, el gas). Además, la minoración se aplicará también a los contratos bilaterales que las empresas firman al margen del pool, lo que varias fuentes consideran el punto legalmente más débil de la norma.
La polémica está servida. Para el Gobierno se trata de deshacer el efecto que tiene en el mercado lo que considera un fallo de la directiva europea sobre el mercado de emisiones, que aplica el Protocolo de Kioto: esto es, el traslado a los precios de la energía del valor de la asignación gratuita de CO2 .
Según las empresas, es una medida ilegal que afectará seriamente a sus cuentas de resultados (unos 1.400 millones de ingresos menos sólo en 2008), por lo que buscan vías judiciales y ejercen presiones sobre los grupos de la oposición contra la convalidación en el Congreso, prevista para este jueves, de una norma con rango de ley.
De momento, la patronal Unesa ya ha conseguido el apoyo del PP y CiU y está esperando una respuesta del PNV (se prevé que Iberdrola despliegue sus alas sobre los nacionalistas vascos). Sin embargo, el PSOE cuenta con el apoyo de IU y Esquerra, con cuyos votos tendría suficiente para alcanzar la mayoría simple que necesita para sacar adelante la norma. En vísperas de elecciones, la oposición parece dispuesta a apoyar sin miramientos a las eléctricas, sin tener en cuenta el uso que el Gobierno puede hacer de esta actitud: si se anula el real decreto será necesaria una fuerte subida de las tarifas de la que siempre podrá culpar ante los votantes a sus rivales políticos.
Más complicado le resulta al lobby eléctrico hallar una salida jurídica, ya que por su naturaleza de ley, la norma sobre el CO2 no se puede recurrir por vía contencioso-administrativa en tanto no se desarrolle reglamentariamente. Algo que se hará en 2009 con la orden que fijará la cantidad a devolver y su reparto.
Mientras tanto, el sector profetiza terribles consecuencias. Las empresas y algunos analistas coinciden en que serán 'más duras de lo que ahora se cree' y, pese a que compañías, como Fenosa, aseguran que ya habían tenido en cuenta la medida en sus previsiones de 2008, pocos le dan credibilidad.
Además, hay quien cree que el embrollo puede durar más allá de 2012. Si no se trata de quitar (clawback) a las empresas los derechos gratuitos que han recibido, sino sólo los mayores ingresos (windfall profit) que se derivan del propio sistema (y que reciben las centrales que no emiten), el argumento seguirá siendo válido más allá del fin del periodo del segundo PNA, aunque para entonces los derechos ya no sean gratuitos.
Ante esta posición, y la de empresas que, como Iberdrola, se ven perjudicadas por la situación (el coste de sus derechos de emisión es muy inferior a lo que se le restará porque su windfall es elevado al tener mucha producción hidráulica y nuclear), fuentes próximas al Gobierno consideran que la solución está en la subasta de derechos, una opción que Bruselas estudió pero que, al final, desechó.
La subasta impediría la detracción y beneficiaría a empresas como la eléctrica de Galán que, aunque denuncia que su situación es peor que si no hubiese recibido derechos gratuitos, en realidad, es la misma en que estaría si no existiera Kioto. Aunque, eso sí, es peor que si se hubiese realizado una subasta.
Con este sistema (que algunos políticos quieren aplicar a partir de 2012) las empresas podrían comprar los derechos gratuitos (que rondan el 90% del total) en una puja y comprar el resto en el mercado. Así, como los pagarían, podrían repercutir su coste (sin peligro de que el Gobierno haga restas) en el precio del pool. Además, comprarían en la subasta sólo los derechos que necesitan, según su parque de generación.