TRIBUNA

Corregir nuestra miopía sobre seguridad

La propuesta de directiva relativa a las normas y procedimientos comunes aplicables en los Estados miembros sobre el retorno de los nacionales de terceros países con residencia irregular debería haber estado en el orden del día del pleno del 29 de noviembre pasado en el Parlamento Europeo; ésta ha sido sin embargo aplazada hasta 2008.

Su anuncio ha suscitado fuertes críticas por parte de las asociaciones y organizaciones europeas en defensa de los derechos de los emigrantes y de los demandantes de asilo. Autoriza la detención administrativa por un periodo que puede llegar a los 18 meses.

Además, aunque la propuesta de directiva se refiere al retorno de los nacionales de países terceros (es decir, no europeos), ésta trata, propiamente hablando, de la expulsión de personas en situación irregular fuera de territorio europeo; tema espinoso en el marco de la relaciones bilaterales entre los Estados de la UE y terceros países.

En efecto, la expulsión implica que el respeto de los derechos fundamentales de los emigrantes sea garantizado no sólo antes sino también después de la repatriación al país tercero. Se requiere igualmente la puesta en marcha de mecanismos que favorezcan la reintegración de las personas expulsadas y el respeto a su dignidad. Varios parlamentarios europeos han puesto el acento en la necesidad de elaborar un plan de acción enfocado a evaluar los modos de reintegración de las personas expulsadas. Este punto no aparece sin embargo en las disposiciones previstas por la propuesta de directiva sobre el retorno.

Probablemente porque no es una cuestión de retorno, sino más bien de expulsión. Este matiz es necesario a fin de evidenciar la miopía en materia de seguridad de esta directiva y la ausencia de medidas de acompañamiento tras la expulsión.

Otro punto que merece ser destacado reside en la ocultación completa del papel de los países terceros a los cuales los emigrantes en situación clandestina o irregular serán expulsados. Ahora bien, este elemento determinará la credibilidad de las acciones emprendidas una vez adoptada la directiva. ¿Qué interés tendrá un país tercero a colaborar en la repatriación forzada de sus propios nacionales?

Es de dominio público que los Gobiernos de los países de origen no cooperan más que con cuentagotas en materia de identificación de los emigrantes sin papeles y en situación de detención. Si los Estados miembros se inquietan por los elevados costes que diariamente suponen las detenciones a cargo del contribuyente europeo, la falta de cooperación suscita sobre todo una fuerte preocupación en cuanto a la detención prolongada y a sus consecuencias desastrosas para la salud mental de las personas privadas de libertad. Amnistía Internacional ha denunciado numerosos casos de violencia, suicidios y automutilaciones en un informe abrumador sobre los centros de detención del Reino Unido donde la duración de la detención puede prolongarse ilimitadamente.

La cooperación con los terceros países constituye un elemento central en la aplicación de la directiva. Los Estados miembros lo saben. En respuesta al débil grado de cooperación de los países terceros, se está llevando a cabo una nueva estrategia operativa de readmisión (o retorno forzado) de los emigrantes clandestinos. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, declaraba en una entrevista que 'el viejo enfoque de los acuerdos de readmisión debe ser completado con otros enfoques. No hay que renunciar a la exigencia de readmisión, pero para que se aplique, los países emisores necesitan una serie de incentivos para aceptar la devolución de sus ciudadanos'. Esta toma de conciencia en materia de compensación es compartida por otros países como Francia e Italia.

Estos países saben que no es momento de ejercer presiones sobre los Gobiernos de los países vecinos de Europa sino más bien de compromisos y de persuasión.

Numerosos programas de cooperación en materia policial y de seguridad de fronteras han permitido a diferentes países terceros adquirir mayor credibilidad internacional, pero al mismo tiempo una posición estratégica de la que entienden sacar partido. Aquellos podrán defender su propia visión en materia de gestión de migraciones internacionales, incluida la cuestión del retorno forzado de los emigrantes y conseguir que la Europa ampliada responda a sus necesidades en cuestión de ayudas al desarrollo y de lucha contra el desempleo y la pobreza.

La toma en cuenta de este nuevo contexto internacional es en consecuencia necesaria ya que determinará la legitimidad de la propuesta de directiva europea sobre la cual debatirán los parlamentarios europeos.

Jean-Pierre Cassarino, Profesor del Instituto Universitario Europeo de Florencia