El precio de la banda ancha

Durante las últimas semanas hemos asistido a una inusual presencia en los medios de comunicación de noticias y opiniones en torno a los precios de banda ancha en España en relación con los aplicados en los países de nuestro entorno. Dada la gran importancia que tiene la disponibilidad de accesos de banda ancha para lograr una adecuada implantación de la Sociedad de la Información, y el lógico interés del Gobierno en que estos servicios se ofrezcan a precios razonables, se hace necesario realizar una serie de puntualizaciones que permitan contextualizar los datos publicados y las opiniones vertidas, así como dar a conocer las actuaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en este ámbito.

La realización de comparativas de precios en el ámbito de las telecomunicaciones no es algo reciente. Entre otros, son habituales los informes que cada año publica la Comisión Europea recogiendo la evolución de precios en el sector de las telecomunicaciones desde 1998, año en el que se acordó la liberalización del sector a nivel europeo. En estos informes, el último de diciembre de 2006, así como en otras comparativas se emplea una detallada metodología basada en cestas de consumo. Dicho sistema consiste en la definición de un perfil de consumo por parte de los clientes, aprobado por la OCDE y con pleno reconocimiento de la Comisión Europea, sobre el que se calcula el coste que ello supone para los clientes teniendo en cuenta las ofertas existentes en cada país.

La primera pregunta es porqué una metodología similar a la empleada en telefonía fija, móvil, y en líneas arrendadas, no se aplica en la banda ancha. Con ello se evitaría la utilización de metodologías diversas, como de hecho está sucediendo, y la aparición de resultados que, al ser contrastados, ponen de manifiesto una evidente falta de coherencia.

Las comparativas de precios en banda ancha no son sencillas, debido a la gran diversidad de productos ofertados. En efecto, existen ofertas a diferentes velocidades de bajada y de subida, con diferentes garantías sobre la velocidad efectivamente conseguida, con posibles limitaciones según el horario de utilización o el volumen de descarga, y con facilidades adicionales (buzones de correo, equipamiento módem/router o software antivirus). Adicionalmente, el precio real que pagan los abonados también está afectado por el hecho de que la banda ancha habitualmente se comercializa de forma empaquetada con otros servicios. Esta circunstancia es significativa en España donde el 90% de las ofertas de banda ancha se empaquetan con otros servicios como telefonía o televisión.

Consideramos que una de las misiones fundamentales de un regulador sectorial es contribuir a mejorar la información de que disponen sus usuarios, siendo el logro de una mayor transparencia uno de los principales objetivos del Ministerio de Industria.

Así, a lo largo de esta legislatura se ha creado un completo marco regulatorio en materia de protección de los derechos de los usuarios, que establece de manera exhaustiva cual debe ser el contenido mínimo de los contratos, incorpora el derecho de los usuarios a darse de baja comunicándolo con 15 días de antelación, o establece la obligación para los operadores de fijar compromisos de calidad, con indemnización en caso de incumplimiento. También se exige a los operadores comunicar su teléfono de atención al cliente, se definen las condiciones de prestación de servicios de tarificación adicional (a los que en breve se incorporarán los SMS Premium), y se adoptan medidas regulatorias sobre altas y bajas de usuarios sin consentimiento (slamming). Uno de los hitos de este proceso ha sido la creación, en abril de 2005, de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones que ha permitido contestar más de 150.000 consultas y resolver más de 23.000 reclamaciones, proporcionando a los usuarios un punto de contacto clave para defender los derechos que la norma les reconoce.

Asimismo se ha desarrollado un marco regulador de la calidad en la prestación de los servicios, con el que se ha conseguido que los usuarios dispongan de información, actualizada trimestralmente, sobre los niveles de calidad de servicio ofertados y sobre los efectivamente conseguidos por los operadores, tanto en telefonía fija, como en telefonía móvil, consulta telefónica sobre números de abonado, y acceso a internet. Se miden parámetros tales como el tiempo de suministro del servicio, porcentaje de avisos de avería y tiempo de reparación, reclamaciones sobre corrección de la facturación, velocidad conseguida en banda ancha o porcentaje de llamadas interrumpidas en telefonía móvil. Este tipo de información, que permite contrastar los niveles de calidad del servicio adquirido, es muy poco habitual, incluso en los países avanzados, y la experiencia nos está siendo demandada como ejemplo de buenas prácticas por algún organismo de la UE.

Así, en la línea de la adopción de medidas para incrementar la transparencia hacia los usuarios, el ministerio acaba de poner en marcha una página web (http://www.usuariosteleco.es/InformacionInteres/Precios/) en la que se pueden consultar las tarifas que, para los diferentes rangos de velocidad, proporcionan los principales operadores que ofrecen este tipo de servicios en nuestro país.

De esta manera, los usuarios que contratan sus servicios tienen fácilmente a su alcance, tanto la información sobre las características y precios de los servicios que están adquiriendo, como los mecanismos para reclamar en caso de deficiencias o incumplimientos. Además, se puede comprobar que los precios ofertados en España están, como mínimo, acordes con la media europea y los niveles de calidad de los productos están entre los más altos de la Unión Europea.

Estamos convencidos de que esta disponibilidad de información servirá para continuar enriqueciendo el sistema competitivo español de telecomunicaciones, hasta hacerlo uno de los más abiertos y transparentes del mundo. Por el momento, no hay ningún otro país que tenga el marco normativo de usuarios y la riqueza de información de que dispone el marco español. Una progresiva utilización de esta herramienta por parte de los usuarios contribuirá, sin duda, a un aumento de la competencia y a una mejora de la calidad y los precios de estos servicios en nuestro país.

Francisco Ros Perán. Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información