El 40% de las empresas gasta hasta 30.000 euros anuales en trámites burocráticos
El estudio, para el que se ha encuestado a más de 6.500 empresas de todos los sectores y de todas las comunidades autónomas, concreta, además, que el gasto se eleva por encima de los 30.000 euros en un 8% de las empresas.
La organización presidida por Javier Gómez-Navarro indica que los sectores de la construcción y la hostelería son las que soportan la regulación más gravosa. Así, más del 10% de las empresas del ladrillo asumen un coste anual asociado a estos trámites superior a los 30.000 euros, mientras que más del 50% de las empresas pertenecientes a la hostelería y el turismo destinan cada año entre 6.000 y 30.000 euros a esta partida.
Por su parte, comercio y otros servicios son los sectores en los que existe un mayor porcentaje de compañías que hacen frente a un coste anual inferior a los 6.000 euros. Asimismo, estos gastos se incrementan a medida que las plantillas de las empresas son mayores. Así, casi la mitad de aquellas de más de 250 trabajadores afirma que el gasto anual es superior a 30.000 euros, mientras que las firmas de tamaño medio dedican anualmente entre 6.000 y 30.000 euros.
Exceso de regulación
Ante este panorama, la encuesta indica que la mayoría de las compañías critica el "exceso de regulación" existente y la "falta de evaluación de los costes que ésta genera". Además, la complejidad del procedimiento administrativo y la dificultad a la hora de solicitar ayudas son otros de los aspectos más negativos que destacan.
En este punto, más de la mitad de las empresas asegura que el mal funcionamiento de las administraciones públicas afecta negativamente a su negocio, especialmente en el caso del sector de la construcción.
Por todo ello, las empresas proponen reducir el número de tasas que se deben abonar y ajustar su precio al servicio público prestado, así como impulsar la administración electrónica. Además, más del 80% de las compañías considera importante o muy importante reducir la normativa actual, así como recortar los plazos que se toman las administraciones para sus pagos a empresas (devolución de impuestos y pago por los servicios prestados).