Los problemas de los jueces ante el nuevo marco de la competencia
El codirector de la obra presenta el trabajo de los autores y analiza sus aportaciones.
No pasará desapercibido a ningún lector avisado que el título del libro parece algo forzado. Se podría, naturalmente, haber elegido un título más sencillo, como La aplicación judicial del Derecho de la Competencia. No se ha hecho así por dos razones. En primer lugar, porque los autores no querían limitarse al estudio de la relativamente novedosa aplicación del Derecho de la Competencia por los tribunales ordinarios. Querían incluir también en sus trabajos la ya mucho más rodada revisión judicial de las decisiones administrativas, comunitarias y 'nacionales, en materia de competencia. En segundo lugar, y muy directamente relacionado con esta última observación, el título elegido desea subrayar que la reflexión sobre la revisión judicial se ha querido hacer desde una perspectiva específica: los problemas particulares que presenta esta revisión para los jueces encargados de llevarla a cabo.
La obra comienza por analizar la que frecuentemente se llama 'aplicación privada' del Derecho de la Competencia. El fenómeno es algo novedoso a este lado del Atlántico, en Estados Unidos lleva practicándose más de un siglo, y particularmente en España, donde, sólo desde fecha reciente, los jueces de lo mercantil son competentes para la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE y, desde el pasado día 21 de noviembre, también de las normas nacionales (LO 13/2007, disposición final primera).
Alberto Arribas y Edorta Echarandio, jueces de lo mercantil, contribuyen al debate con sendas ponencias sobre los problemas que provoca la posible aplicación paralela de estas normas por los jueces y las Administraciones. El tema capital de la indemnización de los daños causados a los particulares por las infracciones a las normas de la competencia, materia en la que ya han recaído algunas sentencias en los últimos meses, ha sido abordado por Helmut Brokelmann, abogado. Por su parte, el economista Fernando Jiménez Latorre explica el análisis económico que es esperable de un razonamiento judicial.
Los abogados Cani Fernández y Marcos Araujo estudian la problemática inherente a la revisión de las decisiones sancionadoras. Santiago Soldevila, hoy juez en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, analiza los problemas particulares que suscita la revisión de las sanciones económicas, y Jorge Padilla, economista, reflexiona acerca de cuál puede ser el 'óptimo normativo' en estas materias, en función del ámbito que quiera atribuirse a la revisión judicial.
Las concentraciones económicas son tratadas por un grupo excepcional de autores: Ramón Trillo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS; Rafael García-Valdecasas, entonces Juez en el TPI de las Comunidades Europeas, y Nadia Calviño, directora general adjunta para Concentraciones en la Comisión Europea. Enrique González, abogado, aborda la muy interesante y actual cuestión de los daños y perjuicios que pueden reclamar las empresas a las Administraciones públicas como consecuencia de la revocación de sus decisiones en materia de concentraciones.
Las medidas cautelares son estudiadas por Jaime Folguera, abogado; David Ordóñez, magistrado de lo contencioso-administrativo, y José María Jiménez-Laiglesia, abogado. La revisión judicial de las medidas cautelares que puede pronunciar la propia Administración es analizada por Francisco Cantos, abogado también.
Como dice el prólogo de la obra, todas las materias han sido objeto de estudio en este tercer seminario de la Fundación Rafael del Pino con la objetividad y el rigor que caracteriza sus encuentros. Sine ira et studio, como quería Tácito.
Un importante elenco de expertos
Los codirectores de la obra, Santiago Martínez Lage y Amadeo Petitbò, desde la Fundación Rafael del Pino, que preside este último y donde se han desarrollado distintos seminarios sobre el Derecho de la Competencia y la función de los jueces, han pretendido recopilar la aplicación judicial directa y la revisión judicial de las decisiones administrativas, comunitarias y nacionales, en materia de competencia. Para ello, han reunido un gran elenco de expertos de prestigio en el análisis de la competencia. Desde profesores y autoridades, magistrados y jueces, abogados, economistas y consultores, auténticos actores del desarrollo y aplicación del análisis económico y jurídico en este campo.