Electricidad privilegiada

La CE castiga el uso de la tarifa eléctrica reducida en la industria

Tres compañías deberán abonar 80 millones de euros al Estado italiano por haberse acogido a una tarifa eléctrica reducida, según un dictamen de la CE. La decisión sienta un peligroso precedente para las empresas que se benefician en España de una reducción similar, a las que Bruselas podría exigir la devolución de casi 4.000 millones de euros.

La CE castiga el uso de la tarifa eléctrica reducida en la industria
La CE castiga el uso de la tarifa eléctrica reducida en la industria

Bruselas expedientó a España el pasado mes de enero por ofrecer a las compañías con gran consumo energético unas tarifas de electricidad privilegiadas. Los especialistas en competencia apuntaron entonces la dificultad que supondría para la Comisión Europea demostrar que esa rebaja supone una ayuda de Estado directa e ilegal y, por tanto, exigir su devolución.

Pero la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, sentó la semana pasada un precedente legal que augura dificultades para las compañías que, como Alcoa, Arcelor o Asturiana de Zinc, se acogen en España a la llamada tarifas G-4, cuyo precio por megavatio/hora, según los cálculos de la CE, es de media 77 euros menos que la tarifa de los hogares.

En una decisión sin precedentes, Kroes ha exigido a la siderúrgica ThyssenKrupp, la cementera Cementar y la química Terni Nuova que abonen al Estado italiano los 80 millones de euros que se han ahorrado en su factura energética desde 2005. El caso no es exactamente igual que el español, porque la tarifa reducida italiana pretendía compensar a las tres empresas por la expropiación de una central hidroeléctrica en 1962. Pero los abogados especializados en competencia consultados señalan que el expediente sirve ¢de aviso para navegantes¢ sobre las intenciones de la Comisión Europea.

La decisión, de hecho, ha desatado una tormenta política entre Roma y Bruselas, porque el Gobierno italiano teme que sirva de precedente para otra investigación de la comisaria Kroes sobre las tarifas industriales reducidas que se aplican en Italia, en concreto, en la isla de Cerdeña. El ministro italiano de Actividades Productivas, Pierluigi Bersani, expresó la semana pasada en la capital comunitaria su malestar por ambos expedientes. Y advirtió a la CE que ¢si no se encuentra una solución, las compañías deslocalizarán su producción a países terceros¢. España se encuentra en una situación muy similar a ese segundo caso italiano. Kroes considera que las empresas que unos 3.811 millones de euros en 2005, el ejercicio al que se refiere el expediente de la comisaria. Ese déficit , según señaló la CE, se financiará con un recargo en la factura de todos los consumidores durante 14 años.

Las compañías eléctricas adelantaron en 2005 la supuesta ayuda (Endesa, el 44,16%; Iberdrola, el 35,01%; Fenosa, el 12,84%;Hidrocantábrico, el 6,08%; y Elcogás, el 1,91%) y luego fueron compensadas por el Estado, por lo que también son susceptibles de que Bruselas les acuse de haber obtenido una ventaja ilegal.

Ventaja para los distribuidores

En la carta de Kroes (fecha 24 de enero de este año) informando al Gobierno español del expediente, la comisaria ya apuntaba que la regulación ¢aumenta el beneficio general de los distribuidores¢. Y haciéndose eco de las quejas presentadas por la eléctrica británica Centrica, la comisaria señalaba que, incluso, ¢algunos distribuidores estarían aconsejando a los clientes del mercado libre que se cambien al mercado regulado¢.

Las empresas más inquietas por el expediente, sin embargo, no son las eléctricas, sino las beneficiarias de las tarifas reguladas. Más de 150 compañías (entre siderúrgicas, cementeras, azulejeras, etc.) que obtienen unas rebajas en el precio de la luz que tienden a aumentar a medida que lo hace el consumo. Para las más privilegiadas, las quem se acogen a la llamada G-4, la tarifa, según la CE, incluso es ¢inferior a la mitad del componente exclusivamente energético del precio en el mercado liberalizado¢. A esa tarifa se acogen el fabricante de aluminio Alcoa, la siderúrgica Arcelor y la minera Asturiana de Zinc. Para Centrica España, el G-4 sólo es la punta del iceberg. La compañía calculó que el déficit de tarifa beneficia a ¢unos 70.000 de clientes industriales en alta tensión y un millón en baja tensión)¢.

La ley prevé precios especiales

La directiva europea de liberalización del mercado eléctrico aprobada en 2003 prevé la posibilidad de que los Estados establezcan para el sector unas obligaciones de servicio público que protejan a cierto tipo de consumidores. En concreto, el artículo 3 de esa norma comunitaria contempla la obligación de garantizar que ¢los clientes domésticos y, cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas¢ disfruten de un ¢suministro de electricidad de una calidad determinada y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables y transparentes¢.

El sistema de tarifas español fija cinco categorías de clientes en función del volumen de consumo, de la posibilidad de que el suministro sea interrumpido y de la utilización de la alta tensión o la baja. El expediente abierto por la comisaria europea de Competencia atañe a tres categorías: la de los grandes consumidores (conocida como G-4), cuya tarifa media en 2005 era de 23,9 euros por megavatio/hora; la de grandes consumidores industriales con suministro interrumpible, que pagaban 27 euros; y la de consumidores de alta tensión, con un precio de 76,2 euros.

La CE no ha puesto en cuestión,

La cuenta de la CNE

El reembolso a las eléctricas del déficit de tarifa se financia con un recargo parafiscal en el recibo de la luz que se ingresa en una cuenta abierta por la Comisión Nacional de la Energía en el Banco de España. Bruselas cree que ese método prueba que se trata de una ayuda financiada con recursos públicos.