La reforma del IRPF: se abre la veda

La propuesta fiscal anunciada por el PP, a falta de ser concretada, produce la sensación, según el autor, de que se ha abierto la veda preelectoral de las rebajas fiscales para atraer al votante. En su opinión, la vía para asumir su coste no parece ser otra que la reducción del gasto

Como ciudadano, he de confesar mi más absoluto escepticismo ante cualquier propuesta de nuestros políticos. Creo, sinceramente, que estamos excesivamente acostumbrados -y cansados- a las reiteradas promesas electorales de reducir los impuestos y del escaso rigor de sus planteamientos. Como espectador, contemplo atónito esta ya habitual subasta fiscal por quién es el mejor postor y, cómo no, quién es el más hábil para descalificar a su adversario político. De seguir así, se corre el riesgo de la indiferencia y, lo que es peor, que la tenue llama de la vela de nuestra economía se apague y se tambalee el Estado de bienestar bajo el que se alimenta la cultura de lo gratuito y el convencimiento de que todos tenemos derecho a casi todo.

Dicho lo anterior, lo cierto es que de la propuesta hecha por el PP sólo se conocen, básicamente, dos datos: la inconcreta reducción del IRPF a los contribuyentes de rentas inferiores a 16.000 euros y su presunto coste fiscal, que oscila entre 0, para el PP, y entre 5.000 y 25.000 millones de euros, para el PSOE. ¿Qué decir? Depende de cómo se afronte su coste. Si se opta por la estabilidad presupuestaria, y en un escenario económico con indicios de recesión, no parece probable que la socorrida curva de Lafer produzca, esta vez, sus efectos positivos. El panorama es menos esperanzador si tenemos en cuenta que el Estado ha de hacer frente a importantes retos, entre otros, el envejecimiento de la población, las prestaciones por dependencia o la reforma del sistema de financiación autonómica. Y en este sentido, si la propuesta se limita a lo publicado, es verdaderamente arriesgada.

Incomprensiblemente, hoy, las rentas del ahorro están injustificadamente mejor tratadas que las del trabajo

No hay que olvidar que la competitividad de las empresas españolas en un entorno globalizado y virtual, con tecnología y medios punta y con posibilidad de mano de obra más barata, favorece su deslocalización, fenómeno que sólo se puede mitigar con una importante reducción de sus costes impositivos, básicamente, Impuesto sobre Sociedades y Seguridad Social. No en vano, el motor de cualquier economía pivota exclusivamente en la riqueza que las empresas crean, afirmación que no excluye, sino todo lo contrario, que hay que ser riguroso en la lucha contra el fraude, el abuso y los privilegios.

Cosa distinta es que comparta, aunque no como único objetivo, que las rentas más bajas han de reducir su contribución al Estado y que toda reforma del IRPF ha de tener como meta un impuesto más justo y redistributivo. Y en este sentido, hay que criticar, y mucho, nuestro actual impuesto. Primero, porque al eliminar la reducción en base en concepto de mínimo personal y familiar se ha perdido progresividad. Y segundo, porque incomprensiblemente, hoy, las rentas del ahorro están injustificadamente mucho mejor tratadas que las del trabajo, las de actividades económicas y/o las del capital inmobiliario. Y no me sirve, al respecto, que se afirme que la recaudación no sólo no se reducirá sino que, seguramente, se aumentará, ya que, si es así, que no lo dudo, es a expensas de un impuesto menos progresivo y más injusto. Si lo que el PP pretende es recuperar ese concepto hoy defenestrado y que el tributo sea más justo, bienvenido sea.

Pero aun así, la gran incógnita es cómo asumir el coste de la reforma; y, según transcurren las horas, parece que la vía no es otra que la reducción del gasto y, no lo olvidemos, porque nada se dice aún al respecto, la de la eliminación y/o reorientación de los actuales incentivos fiscales que, recordémoslo, representan casi un 35% del total de los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. Reducción, también, que va a incidir en las transferencias en favor de las comunidades autónomas que, a su vez, prometen, algunas al menos, y cómo no, rebajas fiscales.

En definitiva, una propuesta que falta concretar para valorarla debidamente pero que, de quedarse ahí, tiene sabor agridulce, ya que la única sensación que produce es la de que se ha abierto la veda preelectoral de las rebajas fiscales con la finalidad de captar la atención de los ciudadanos cada vez más indiferentes, escépticos y/o indecisos. Queda, eso sí, la esperanza de la reducción del gasto.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Asesor fiscal y profesor de la Universidad Pompeu Fabra