COLUMNA

La moral del contribuyente

Cunde la información sobre despilfarros del dinero público que acaban en los tribunales de justicia. Los asuntos son muy variados y tienen como protagonistas lo mismo al ex presidente de la República de Francia, Jacques Chirac, que a los funcionarios de urbanismo y medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Ante las corrupciones que salen a la luz parece haber dos escuelas de pensamiento. La primera estima que constituyen golpes muy duros que deterioran la moral del contribuyente. La segunda considera que el descubrimiento de los abusos está llamado a tener efectos ejemplarizantes, más aún cuando la condición de los implicados hubiera favorecido en principio su impunidad.

El caso de Jacques Chirac, imputado por desvío de fondos públicos en el sumario incoado sobre empleos de favor en el Ayuntamiento de París, cuando ocupaba la alcaldía entre los años 1977 y 1995, puede entenderse así como un desprestigio de la función pública o como una vitamina para despertar la confianza del ciudadano. El lema de que nadie está por encima de la ley y la comprobación del principio de que quien la hace la paga es un impulso de higiene cívica saludable, capaz de generar confianza en las instituciones, frente a la insistencia de que cuanto menos Estado, mejor, y la privatización a ultranza de los servicios públicos.

En la ciudad de Madrid ha saltado a la prensa con el nombre de Operación Guateque la trama de corrupción de funcionarios que se hacían pagar por los solicitantes de licencias de apertura de locales para lograr una respuesta administrativa favorable. El ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón clama por su inocencia alegando que desde el primer momento de ser informado por la Guardia Civil del caso decidió ofrecer todas las facilidades para su investigación. Pero la cuestión debería haberse detectado aguas arriba. Es decir, el ayuntamiento tiene responsabilidades que aclarar porque la red de extorsión llevaba muchos años a pleno rendimiento, era denunciada por los afectados y sin embargo se mantenía sin la debida respuesta. Es lo que se denomina falta de diligencia in vigilando.

La comprobación del principio de que quien la hace la paga es un impulso de higiene cívica saludable

Aclaremos que de los cargos públicos debemos esperar no sólo su honradez personal, que han de responder también de la honradez de su entorno, de sus equipos, y de la vigilancia exigente de todo el aparato administrativo que tienen a sus órdenes. Además, fue el propio Alberto Ruiz-Gallardón quien en la época en que fungía como presidente de la Comunidad de Madrid acuñó la doctrina según la cual a quienes están en la vida pública hay que aplicarles exigencias mayores que las reservadas para el ciudadano particular. La doctrina Gallardón surgió ante las torpes excusas alegadas por el alcalde José María Álvarez del Manzano a propósito de su concejal de Obras y Servicios, pero ahora debería aplicársela a sí mismo y como dicen los castizos, probar de su propia medicina. Así las cosas, ha llamado la atención que el alcalde haya preferido explorar otros senderos. Por ejemplo, con la insólita propuesta de privatizar la concesión de licencias administrativas. Parece una salida en tromba por la línea ultraliberal siempre propensa al entusiasmo de lo privado y la denigración de lo público. Sin embargo -donde menos se espera salta la liebre- ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuya militancia en ese sector queda fuera de discusión, la que ha mostrado su escepticismo hacia esa propuesta de su camarada Gallardón. La presidenta, conforme a la lógica de la burocracia mejor acreditada y más solvente, apuesta por modificar la normativa para aplicar un sistema 'basado en reglas claras y transparentes con sanciones enormes si no se cumplen'.

Las sociedades civilizadas resultan inviables si la función pública carece del atractivo, del prestigio y de la neutralidad que predicaba de ella Max Weber. De lo contrario, volveríamos a la selvática ley del más fuerte o del más influyente. En este envite sí que nos jugamos la moral del contribuyente. Atentos.

Miguel Ángel Aguilar

Periodista