La francesa Gecina se instala en España de la mano de Rivero

Joaquín Rivero, que todavía mantiene la presidencia de Metrovacesa tras el pacto de escisión con la familia Sanahuja, acaba de abrir una oficina que representará los intereses de la francesa Gecina en España.

Joaquín Rivero acaba de abrir la primera sucursal en España de la inmobiliaria francesa Gecina. El todavía presidente de Metrovacesa -previsiblemente lo será hasta la próxima junta de la compañía, en diciembre- dirige la filial española de la compañía gala que tiene como objeto social la explotación de inmuebles y en particular 'la adquisición a través de compra, permuta y aportación en especie o de otra naturaleza de terrenos y solares', así como 'la construcción de inmuebles o grupos de inmuebles'.

Fuentes de Metrovacesa indicaron ayer que la apertura de la primera oficina en España de Gecina no está relacionada con la intención manifestada por el propio Rivero de agrupar activos en España bajo una nueva empresa. Según el acuerdo de escisión de Metrovacesa al que llegaron a principios de año la familia Sanahuja, primer accionista, con Joaquín Rivero y su socio Bautista Soler (otro de los principales accionistas de Metrovacesa), Rivero retendrá la francesa Gecina y activos de Metrovacesa en España mientras que la familia catalana se quedará con Metrovacesa y activos de la compañía en Francia. Precisamente ayer la compañía informó a la CNMV de la liquidación de la opa que lanzó sobre sus propias acciones con el fin de escindir la inmobiliaria en dos sociedades distintas.

Metrovacesa se convirtió en la primera inmobiliaria de la zona euro cuando en marzo de 2005 lanzó una opa sobre el 100% de Gecina, aunque desde el primer momento declaró que su intención era controlar el 60%. La operación suponía valorar Gecina en 5.500 millones de euros cuando tenía activos valorados en más de 8.000 millones.

La compra de Gecina inauguró una etapa de operaciones similares en Europa

En junio de ese año Metrovacesa llegaba ya al 68,54% del capital de Gecina lo que elevaba a 3.770,94 millones de euros el importe pagado por la compañía española. Para paliar el gasto, Metrovacesa ponía a la venta el Edificio España y la Torre Madrid con los que esperaba obtener 650 millones de euros.

En un principio hubo analistas que estimaron que la operación era demasiado cara. æpermil;stas fueron las declaraciones recogidas esos días por analistas consultados por Cinco Días: 'La compra se realiza a precios muy caros', comentaban desde Urquijo Bolsa; 'el precio que está dispuesta a pagar nos parece excesivo', afirmaron en Safei; 'parece que se ha pagado de más', dijeron en Banesto Bolsa; 'parece bastante cara a la vista de la prima que ofrece sobre el mercado y con respecto al valor neto de los activos', explicaban en Espírito Santo.

Sin embargo, echando la vista atrás puede afirmarse que la operación inauguraba una serie de movimientos similares en el sector europeo y que la compra tampoco era tan cara. La adquisición de la patrimonialista Gecina constituyó la mayor operación hasta ese momento de la historia del mercado inmobiliario europeo y Metrovacesa en Europa era superada sólo por British Land. En 2006 se vieron en España operaciones como la compra de Fadesa por 4.045 millones de euros, la adquisición de Urbis por más de 3.000 millones o las compras que Luis Portillo ha ido haciendo hasta superar una deuda de 7.000 millones de euros.

Una de las mayores inmobiliarias de Europa

Gecina, presidida por Joaquín Rivero, es una de las mayores inmobiliarias europeas con activos valorados en más de 12.000 millones de euros, según la compañía. La inmobiliaria ha aumentado su beneficio neto un 20,8% durante los nueve primeros meses del año, al alcanzar los 1.117 millones de euros. Los ingresos por alquiler superaron los 436 millones, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2006. Su deuda financiera es de 4.481 millones de euros. La cotización de la compañía ha caído a su menor valor en un año (6.923,6 millones de euros de capitalización bursátil). La nueva regulación aprobada en Francia a finales del pasado año obligará a las compañías españolas con participación en inmobiliarias francesas a reducir su peso por debajo del 60%.