Los inspectores quieren investigar el patrimonio de los alcaldes
Los inspectores de Hacienda han propuesto un plan de inspección de alcaldes y concejales de urbanismo en los grandes ayuntamientos. Afectaría a un mínimo de 141 municipios y se enmarca en una propuesta más amplia con medio centenar de sugerencias para atajar todo tipo de fraude.
Desde que en mayo se aprobó la Ley de Suelo, los representantes locales están obligados a hacer una declaración pública de su patrimonio. Esta medida, encaminada a controlar el enriquecimiento anómalo de los representantes públicos no es suficiente a ojos de los inspectores de Hacienda. Según indicó el viernes José María Peláez, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, hay que ir más allá de esta mera declaración de bienes.
Para ello, plantea la inclusión en un plan de inspección de alcaldes y concejales de urbanismo de los municipios con una población de más de 50.000 habitantes. La medida se incluye en un documento sobre fraude y corrupción presentado en la clausura del XVII Congreso anual de la organización. De salir adelante su propuesta para investigar a los alcaldes, unos 141 municipios se verían afectados, pero también a aquellos que siendo más pequeños, hayan adoptado importantes medidas urbanísticas. Según la organización de inspectores, la inclusión en el plan de estos representantes públicos se realizaría tras su mandato. En ese momento, la inspección buscaría posibles alteraciones en la composición de su patrimonio, así como su participación en sociedades de todo tipo.
Al menos de momento, la posición de la cúpula de la Agencia Tributaria es contraria a este tipo de iniciativas y centra su actuación en sectores de actividad y no en colectivos concretos. No obstante, fuentes de la Agencia reconocen que, como ya ocurriera con la Operación Malaya, al hilo de operaciones en curso se pueda plantear la oportunidad de inspeccionar a determinados representantes públicos.
La fiscalización se realizaría tras su mandato como representantes públicos
Al calor de todo tipo de escándalos urbanísticos y tramas organizadas para el cobro de comisiones, el sector inmobiliario ya está absorbiendo gran parte de los esfuerzos de la Agencia Tributaria. Sin embargo, éste no es el único centro de atención de los inspectores.
Las Sicav (instituciones de inversión colectiva que se benefician de un tipo reducido del 1% en el impuesto de sociedades frente al 32,5% actual) siguen estando mal vistas por este colectivo de profesionales. Y eso que, como ellos mismos reconocen, 'ninguno de los planes que ha iniciado la Administración respecto de estas entidades ha podido culminarse'. Aunque no abiertamente, Peláez admite que han podido influir 'ciertas presiones' y, en todo caso, afirma que si en lugar de tratarse de Sicav fueran empresas de otro sector, lo habitual habría sido ampliar el segundo plan de inspección que se inició en 2004, en lugar de su cierre. En la actualidad, según aclaró Peláez, las Sicav no están incluidas en ningún plan inspector.
Los despachos e instituciones que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal, así como los bancos con sucursales en paraísos fiscales tampoco gozan de la confianza de los inspectores. De hecho, para los primeros proponen su responsabilidad solidaria con sus clientes en caso de fraude.
Las tramas del IVA son otros de los fraudes habituales. Para ello, en línea con la iniciativa ya en marcha los inspectores instan a la Administración española a que lidere el diseño y la creación de una base de datos de intercambio de información.
Otras medidas antifraude
¦bull;Prohibir a las entidades bancarias tener sucursales en los paraísos fiscales.¦bull;Plan específico para vigilar a artistas y deportistas que trasladen su residencia a paraísos fiscales. Se les impediría que representaran a España.¦bull;Restringir el acceso al sistema de módulos en el IRPF a sólo los empresarios que facturen a un consumidor final.¦bull;Responsabilidad solidaria de los despachos que ofrezcan productos de ingeniería fiscal.¦bull;Creación de una oficina nacional antifraude.¦bull;Configuración de una policía fiscal que se encargue de aspectos específicos.¦bull;Destinar a un grupo de inspectores 'de incógnito' descubrir a quienes prestan servicios sin factura.¦bull;Potenciar un sistema de denuncias de los particulares.¦bull;Plan de comprobación e inspección de todas las Sicav.