La protección al consumidor, más allá de los juguetes chinos

La política sobre los derechos que protegen a los consumidores europeos frente a las prácticas abusivas de las empresas está sujeta a una maraña regulatoria. Las divergencias entre los Estados miembros dificultan la difusión de campañas informativas, y, en muchos casos, llevan al desconocimiento por parte de los beneficiarios. Así, los países escandinavos acostumbran a ir mucho más allá de los mínimos en protección al consumidor, mientras que en otros, como Italia, este tipo de cultura todavía no está suficientemente asentada.

La Comisión Europea quiere acabar con esa situación, agrupando en una sola directiva marco, que estaría vigente el año que viene, las cuatro existentes en la actualidad. La comisaria de Protección al Consumidor, Meglena Kuneva, ha expresado reiteradamente su voluntad de aumentar la información disponible para 450 millones de personas.

El objetivo de Bruselas es abarcar todas las formas de venta, desde la más habitual de la tienda, hasta la venta a domicilio o la boyante transacción a través de Internet. Giuseppe Abbamonte, Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Injustas de la Comisión Europea, explica que se pretende homogeneizar la legislación de los distintos Estados, debido a que las directivas ya aplicadas únicamente establecen mínimos. Esa homogeneización facilitaría las campañas informativas centralizadas en Bruselas: 'La mayoría de los consumidores desconoce sus derechos. Pocos saben, por ejemplo, que las compras realizadas por Internet se pueden devolver sin ninguna explicación en los siguientes días (cooling-off). Pero es difícil que hoy podamos comunicarlo, porque el plazo varía según países', explica el funcionario europeo. Abbamonte sostiene que la fragmentación genera confusión en las empresas y dificulta para algunas de ellas el acceso a operaciones transfronterizas. Por ello, Bruselas pretende generalizar que las reglas aplicables sean las del país del comprador.

El sistema de alerta sobre productos peligrosos agrupa a 30 países europeos

Bruselas considera que la disparidad regulatoria genera falta de información

En cualquier caso, la Comisión busca reducir los costes para las empresas homogeneizando en lo posible las normas. Los costes de devolución del fabricante se simplificarían armonizando el periodo de cooling off, y se está considerando introducir un formulario en el paquete vendido para tramitar la posible devolución de forma estandarizada. Desde la Comisión señalan la buena disposición de los países miembros a avanzar en estos terrenos.

Red de avisos

Una de las medidas que ya funcionan en el ámbito de protección al consumidor es el llamado Rapex. Acrónimo en inglés de Sistema de Alerta Rápida, el Rapex es una red informática de avisos entre países miembros sobre productos de consumo no alimentarios peligrosos. Con él se pretende asegurar que la información sobre productos identificados en un país circule rápidamente entre los demás y la propia Comisión, para garantizar un adecuado seguimiento.

Rapex incluye a los 27 países miembros, además de Noruega, Islandia y Liechtenstein. Basado en una directiva de 2001, el sistema se puso en marcha dos años después. En los nueve primeros meses de 2007, el número de productos notificados por el sistema ascendió a 1.051, un 24% más que en el mismo periodo de 2006. Los productos más denunciados son juguetes, aplicaciones eléctricas y vehículos de motor. Los riesgos aducidos por las autoridades denunciantes van desde las heridas hasta ahogos, quemaduras o incluso electroshocks.

Desde el punto de vista geográfico, los productos peligrosos siguen teniendo un origen principal claro: China. El gigante asiático acapara el 47% de las denuncias en lo que va de año. Sin embargo, Stefano Soro, Jefe de la unidad de Seguridad de Productos y Servicios de la Comisión Europea, afirma que las autoridades de Pekín han hecho 'compromisos de mejora', y el porcentaje 'se mantiene estabilizado en los últimos años', pese a que las exportaciones de China hacia la Unión Europea aumentan a un ritmo del 24% anual.

En todo caso, las dudas sobre productos chinos persisten. La semana pasada, el Gobierno de Pekín revocó las licencias de exportación de 764 fabricantes de juguetes por problemas de calidad, después de que millones de unidades fueran retiradas por niveles tóxicos de plomo en su pintura. La multinacional estadounidense Mattel inició en los últimos meses estas retiradas, y en los últimos días se han unido, a menor escala, Toys 'R' Us y Family Dollar Stores.

Devolución libre en venta a distancia

La Comisión Europea pretende poner fin a la desinformación reinante, que pervierte la posición del consumidor en las transacciones y promueve la competencia desleal entre empresas. El desconocimiento no se limita a figuras novedosas como la venta por Internet. No es extraño que los consumidores ignoren que, en cualquier tipo de adquisición, disponen de una garantía irrenunciable de dos años frente al vendedor del producto, al margen de las adicionales que le pueda ofrecer el fabricante.Un valor añadido de la reforma, también deseado por Bruselas, es establecer de forma uniforme el modo de acceso a los remedios en caso de defecto del producto. En la mayor parte de los países se establece hoy una jerarquía, de modo que el cliente sólo puede pedir la devolución total o parcial del dinero si no se puede arreglar el producto o suministrarle uno alternativo.Otro de los aspectos que abarcará la nueva directiva será el sistema de responsabilidad en caso de pérdida en el trayecto para la venta a distancia. En la actualidad, en Francia corresponde al comprador, mientras que en su vecina Alemania se hace cargo el vendedor del producto.

Catálogo de prácticas injustas

En los próximos meses los países miembros deberán integrar completamente en su legislación la Directiva sobre Prácticas Comerciales Injustas, adoptada en 2005. Debe estar en marcha a fin de año, aunque algunos países (entre ellos, España) diferirán su entrada hasta la primavera.La directiva establece una cláusula general que prohíbe las prácticas comerciales injustas, definidas como las que llevan al consumidor a tomar una decisión con información errónea. Se establen dos grandes categorías de prácticas injustas: las agresivas (como ciertas técnicas de venta a domicilio) y las equívocas. Además, la directiva introduce una 'lista negra', en la que se catalogan prácticas prohibidas sin necesidad de demostrar que, en el caso concreto, han llevado a esa decisión errónea. Entre ellas se incluyen ofertas 'especiales' por razón de la persona compradora, o la creación de la impresión falsa de que el producto deseado saldrá gratis.