El Gobierno decidirá dentro de cuatro años si mantiene o deroga las ayudas al alquiler
El Ministerio de Vivienda decidirá dentro de cuatro años si mantiene, modifica o deroga la renta básica de emancipación para los jóvenes, que entrará en vigor el 1 de enero de 2008 y que supondrá una ayuda mensual de 210 euros al mes para los inquilinos de entre 22 y 30 años.
El departamento de Carme Chacón explica en el texto del Real Decreto publicado hoy que se trata de una medida de ¢carácter coyuntural¢ y su mantenimiento o configuración están ¢supeditados a la valoración periódica de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha sido concebida¢, y que no son otros que fomentar el mercado de alquiler, favorecer la movilidad laboral y adelantar la edad de emancipación.
Por ello, se establece en la disposición adicional primera la necesidad de que, transcurridos cuatro años desde su entrada en vigor, se evalúe por el Gobierno y por las comunidades autónomas, en Conferencia Sectorial, la continuidad de las ayudas previstas. Este plazo de revisión (cuatro años) coincide con el periodo máximo en el que los jóvenes podrán recibir desde 2008 la renta de emancipación.
De esta forma, en 2011, el Ministerio de Vivienda tendrá que elevar al Consejo de Ministros, previo informe de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, un informe de seguimiento y evaluación de los resultados de su aplicación, con la propuesta de su mantenimiento, modificación o derogación.
Pese a la revisión de las ayudas dentro de cuatro años, el departamento de Chacón admite que España tiene una de las medias de edad de emancipación de sus ciudadanos más elevadas de la UE, y considera que una de las causas de este retraso se debe al incremento sostenido de los precios de la vivienda en la última década.
Más movilidad laboral
En este contexto, añade Vivienda, se encuentra justificada la intervención de los poderes públicos para dinamizar el mercado de arrendamientos mediante la adopción de una serie de medidas que contribuyan a facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler, fomentando así una más temprana emancipación y mayor movilidad laboral.
Concretamente, los jóvenes a los que se destina la renta básica de emancipación podrán disfrutar de ella durante un máximo de cuatro años, siempre que sean titulares de un contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan con carácter habitual y permanente y que dispongan de una fuente regular de ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros.
Además, la iniciativa aprobada incluye, en el caso de nuevos contratos de alquiler, un préstamo de 600 euros para cubrir la fianza que sólo será concedido una vez, y la entrega de 120 euros para el aval, siempre que éste haya sido contraído con un avalista privado.
El documento aprobado entiende que tienen una fuente regular de ingresos los trabajadores por cuenta propia y ajena, los becarios de investigación y los perceptores de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan acreditar una vida laboral de al menos seis meses de antigüedad, inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de al menos seis meses contados desde el día de su solicitud.
Igualmente, para percibir la renta básica de emancipación es necesario que el pago de alquiler se haga mediante una domiciliación bancaria y que el beneficiario domicilie la ayuda recibida en alguna de las entidades de crédito colaboradoras del Ministerio de Vivienda.
Mecanismos de control del fraude
El Real Decreto establece también diversos mecanismos de control del fraude. Así, no podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes tengan parentesco en primer grado o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de su vivienda habitual.
Asimismo, los beneficiarios tendrán la obligación de comunicar a la Administración cualquier cambio en su situación personal que modifique las condiciones que le dieron derecho a percibir las ayudas.
Por último, el Ministerio de Vivienda comprobará, en colaboración con las entidades financieras adscritas al programa, que los beneficiaros están al día en el pago de la renta de alquiler.