Alquiler

El Gobierno aprueba el decreto que regula la ayuda de 210 euros al alquiler

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto que regula la renta básica de emancipación, la ayuda directa de 210 euros al mes para inquilinos de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales. La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha vuelto a señalar que la ayuda incluye también un préstamo de 600 euros para pagar la fianza del alquiler y un aval público equivalente a seis meses de renta.

"Una prestación que muchos jóvenes requieren para poder afrontar su propia vida", ha resaltado la vicepresidenta en la rueda de prensa que ha seguido al Consejo. De la Vega ha destacado en su intervención que en España hay tres millones de jóvenes que tienen entre 22 y 30 años y que están trabajando. Para "muchos de ellos" el precio de los pisos es un "obstáculo difícil de salvar" para su emancipación.

Para percibir la renta de 210 euros, que podrá solicitarse desde el 1 de enero y se cobrará durante un máximo de cuatro años, habrá que acreditar un contrato de trabajo de más de seis meses de antigüedad o de más de seis meses de duración si se acaba de firmar, y el contrato de arrendamiento. El plazo de cuatro años es suficiente, según el Gobierno, para que la situación laboral y, por ende, económica de los jóvenes, mejore.

De la ayuda también se podrán beneficiar trabajadores autónomos, becarios de investigación y los perceptores de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial. El límite de renta es de 22.000 euros brutos anuales.

Los jóvenes podrán pedir una ayuda suplementaria de 120 euros para el pago del aval bancario asociado al contrato de alquiler y un préstamo de 600 euros para la fianza, pero sólo para nuevos contratos y no para los ya existentes.

Asimismo, los interesados podrán solicitar el reconocimiento provisional del derecho a la renta básica de emancipación antes de arrendar una vivienda. En tal caso, dispondrán de un plazo de tres meses, a partir de la notificación, para presentar un contrato de alquiler y el resto de documentación necesaria para empezar a recibir la ayuda.

Esta renta de emancipación va acompañada de la nueva deducción fiscal al alquiler que beneficiará a todos los inquilinos que ganen menos de 24.000 euros. La ayuda fiscal será plena para los que tengan recursos inferiores a 12.000 euros, y se va reduciendo progresivamente hasta llegar al límite máximo.

Límites a la picaresca

Con el fin de evitar abusos y fraudes, el real decreto establece diversos mecanismos de control. Así, se establece que no podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes tengan parentesco en primer grado o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de su vivienda habitual.

A su vez, los beneficiarios tendrán la obligación de comunicar a la Administración cualquier cambio en su situación personal que modifique las condiciones que le dieron derecho a percibir las ayudas. Del mismo modo, el Ministerio de Vivienda comprobará, en colaboración con las entidades financieras adscritas al programa, que los beneficiarios están al día en el pago de la renta de alquiler.