Las empresas de alquiler con conductor atacan el marco legal que prevé Fomento
Las empresas de alquiler de coches con conductor lanzaron ayer un llamamiento al Ministerio de Fomento para que no siga adelante con la norma que prevé aprobar sobre su sector, que les obligará a cambiar su flota con coches de mayor cilindrada 'en contra de la demanda de los clientes' y que hará peligrar la permanencia de 240 empresas y la continuidad de 2.400 empleos. El sector factura 144,2 millones anuales.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresas de Alquiler de Vehículos (Zonturent), Juan Ortigüela, explicó ayer a los medios que la nueva normativa establece 'exigencias de difícil cumplimiento' para las empresas e instó al Ministerio a que no apruebe esta norma sin el consenso del sector.
El nuevo marco legal, que podría aprobarse 'antes de Navidades', exigiría disponer de vehículos con un mínimo de 4,7 metros de longitud con potencias fiscales mínimas entre 14 CVF y 18 CFV, en ciertos casos, lo que implica motores de gran potencia y cilindrada. Ortigüela sostuvo que en estos momentos 'entre el 70% y el 80% de la flota no cumple con estos requisitos'.
En este sentido, subrayó que los clientes de las empresas que alquilan coches con conductor no siempre quieren vehículos 'con gran potencia' sino que, al contrario, apuestan por coches 'más sencillos y discretos'. 'En la variedad está el éxito, hay que tener desde coches pequeños hasta limusinas'. Las oportunidades de negocio se centrarían por lo tanto en una clientela de gran lujo, dejando a un lado 'buena parte de la demanda'. Las empresas de alquiler de vehículos dicen que tendrán que afrontar un 40% de sobrecoste, si prospera la norma, para cambiar su flota cada cinco años, en vez de los ocho que hacen rentables las inversiones.
Los empresarios subrayan además que no recibirían ningún tipo de ayuda económica para poder ajustarse a esta medida y además señalan que desde un punto de vista jurídico 'no es planteable'. Por otro lado, sostienen que la normativa obligaría a tener un seguro de responsabilidad civil ilimitado, frente a pólizas de 50 millones de euros vigente.