El Gobierno pacta ayudas al cine hecho en catalán, vasco y gallego
Los grupos parlamentarios han presentado más de 300 enmiendas al proyecto de la Ley del Cine en el Congreso de los Diputados, cuyo plazo ha sido alargado una semana más.
Las enmiendas incluyen la creación de un nuevo fondo de ayudas que se concederán a las películas que estén hechas en las lenguas cooficiales como el catalán, vasco y gallego. Este fondo se incluirá al margen del fondo de ayuda a la cinematografía.
Estas ayudas han sido acordadas por el Ejecutivo y los grupos de ERC, CiU e IU-ICV. Esta pacto evita que estos grupos políticos presenten sus enmiendas a la totalidad del texto, acusado de invadir las competencias del estatuto de autonomía catalán.
Los partidos nacionalistas catalanes también quieren que la nueva ley contemple facilidades para el acceso de las personas con discapacidad a las salas de cine, mediante subtitulados o audiodescripciones. Por esta razón han presentado enmiendas a la ley por una mayor atención al colectivo de los discapacitados.
En general, las modificaciones hablan de lucha antipiratería, y compensaciones a los exhibidores por el cumplimiento de la cuota de pantalla. También piden más inversiones de los operadores de televisión.
El Partido Socialista ha solicitado 27 enmiendas, entre ellas, piden ayudas al sector videográfico o ayudas al sector de la exhibición para la digitalización de salas.
El Partido Popular ha presentado 53 modificaciones en total. Entre otras muchas cosas, este grupo propone que el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, una vez convertido en agencia estatal, pueda garantizar la libre competencia ante la posible posición de dominio de las majors, postura compartida por otros grupos en el Congreso.
Y pide más iniciativas para otorgar más responsabilidades a los órganos encargados de distribuir las ayudas.
Entre las 138 enmiendas presentadas por IU-ICV destacan evitar la competencia desleal en la venta de lotes a los exhibidores, mayores garantías para proteger la propiedad intelectual, la ya citada accesibilidad a las personas con discapacidad o un criterio único para el cómputo de la cuota de pantalla.
Los diferentes sectores piden, además, que el vídeo y la animación tengan más presencia en la ley.
El dañino dominio de las 'majors'
Para los exhibidores españoles de cine, el daño de su negocio viene ocasionado por las majors estadounidenses, que les ha ocasionado pérdidas por valor de 300 millones de euros. Los propietarios de las salas exigen desde hace años la supresión de la cuota de pantalla, que les obliga por ley a programar cine español o europeo al margen de su rentabilidad. Acusan a los distribuidores y a la Administración de actuar como un 'cartel' y de imponer precios y unas condiciones en el alquiler de las películas muy superiores a las de otros países europeos.