Expediente a Orange, Movistar y Vodafone
La Comisión Nacional de Competencia ha abierto expediente sancionador a Movistar, Vodafone y Orange que podría derivar en una multa, dijo ayer la Organización de Consumidores y Usuarios. La OCU denuncia que pactaron una subida coordinada de sus tarifas.
Coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de mejora de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, que prohibía el redondeo al alza e imponía la tarificación por segundos a las operadoras móviles, tres de ellas, Movistar, Orange y Vodafone, llevaron a cabo el pasado 1 de marzo una subida de los precios de las llamadas. Ahora, la Comisión Nacional de Competencia ha abierto expediente sancionador contra las operadoras como consecuencia de la denuncia que la OCU y otras asociaciones de consumidores presentaron en febrero de 2007 a raíz del anuncio de subidas de precios, señaló ayer la organización de consumidores.
La OCU denunció esta conducta y solicitó la suspensión cautelar de la subida de tarifas impuesta por Movistar, Vodafone y Orange por entender que respondía a un acuerdo entre los operadores contrario a las leyes de la competencia y que, de llevarse a cabo, iba a causar un serio perjuicio a los consumidores.
En su denuncia, la OCU sostenía que las operadoras, aprovechando que la ley de mejora de la protección de los consumidores obliga a estas a modificar sus tarifas eliminando el redondeo al alza, habían acordado una subida generalizada de tarifas con el objeto la anular los efectos de dicha ley.
La OCU estimó, según datos de la CMT para el año 2005, en 1.208 millones de euros los ingresos obtenidos de forma 'abusiva' por parte de las operadoras en concepto de redondeo. En concreto, 628,6 millones para Movistar, 362,4 para Vodafone y 217,4 para Orange (antes Amena).
Para la OCU, la subida resultaba 'injustificada' ya que la mayoría de los costes del servicio se han reducido, según informes de la CMT.
Ahora se inicia la tramitación del expediente sancionador que podría, en su caso, concluir con la imposición de multas a las empresas, que puede ascender hasta el 10% de su facturación anual.