Gescartera tenía sólo 145.000 euros el día de la intervención, según la CNMV
Carlos Fernández Sánchez-Vilar, un interventor de la CNMV, ha afirmado, en la cuarta semana del juicio oral, que Gescartera tenía en cuentas en la fecha de la intervención 145.000 euros de los 72 millones de euros depositados por alrededor de 2.300 clientes.
La cuarta semana del juicio oral por el 'caso Gecartera' comenzó hoy con la comparecencia del primer testigo aportado por el fiscal Vicente González Mota. El primero en declarar fue el interventor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Fernández Sánchez-Vilar, quien afirmó que Gescartera tenía en cuentas el 14 de junio de 2001, fecha de la intervención, 145.000 euros de los 72 millones de euros depositados por alrededor de 2.300 clientes.
¢Nos dijeron que había ese dinero pero todavía no sé dónde¢, afirmó el testigo. Fernández, perteneciente a la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CNMV, coordinó las inspecciones del organismo regulador sobre Gescartera que tuvieron lugar desde julio de 1999 hasta noviembre de ese mismo año y la que comenzó en marzo de 2000 y desembocó en la intervención de la agencia de valores.
Según explicó el interventor, la primera inspección se saldó con la detección de un desfase patrimonial de alrededor de 27 millones de euros a fecha de 30 de noviembre de 1998, cuando Gescartera aún no se había transformado en agencia de valores. El propietario de la entidad, Antonio Camacho, y su 'número dos', José María Ruiz de la Serna, justificaron que dicha cantidad estaba depositada en una sicav creada en el HSBC en Luxemburgo y que iba a trasladarse a España a través de dicho banco. ¢Ahora sé que la sicav no existía¢, apuntó.
El HSBC envió los certificados de clientes que iban a invertir en la sicav, pero ¢desistió¢ de constituirla al tener conocimiento de que el organismo regulador estaba investigando a Gescartera. A raiz de la negativa del banco, Camacho y Ruiz de la Serna presentaron ante la CNMV varios documentos emitidos por 'La Caixa' con los que trató de justificar la existencia de los 27 millones de euros y la intención de repatriarlos a España.
Dicha documentación la componían tres talones por valor de 27 millones de euros librados por una sociedad de nombre Hari 2000, el certificado de ingreso de dichos cheques en 'La Caixa', un certificado del listado de clientes inversores y un extracto de cuenta que resumía la información anterior y certificaba la existencia de los fondos.
Esta documentación emitida por 'La Caixa' ¢en el momento¢ resultó ¢válida¢ para la CNMV, explicó el testigo. Después de la intervención, se comprobó que el extracto de cuenta estaba falsificado, ya que durante la inspección de 1999, los interventores del organismo regulador no reclamaron a 'La Caixa' la ¢verificaron¢ de la información.
Una comprobación que sí se llevó a cabo con el Banco de Santander sobre unos certificados emitidos por dicha entidad y presentados durante la inspección de 2001. El interventor justificó el cambio de criterio de la CNMV por la sustitución del director de las inspecciones sobre Gescartera ordenado en julio de 1999 por el entonces presidente del organismo, Juan Fernández Armesto, que cambió a Carlos Vives por Antonio Botella.
Asignación de pérdidas
¢Es la primera vez que me encuentro con clientes que están de acuerdo con la asignación de pérdidas¢, afirmó Fernández. Tras la intervención de junio de 2001, la CNMV recibió información procedente de 'La Caixa' donde se detallaban las operaciones intradía -compraventa de acciones en un mismo día-, a través de las que Gescartera asignaba pérdidas a un listado de clientes con la finalidad de obtener beneficios fiscales. La CNMV pidió la firma individual de autorización de estas operaciones por cada uno de estos clientes, cuyo listado con fotocopia de DNI fue remitido por la propia Gescartera.
El 99% de los clientes con asignación de pérdidas pertenecían a la sociedad Link Securities pero eran clientes directos de Gescartera. Según mantiene el fiscal, los imputados en la causa Julio Rodríguez Gil y Carlos Ortín Barrón proporcionaron estos listados de clientes a los que se les atribuye la condición de testaferros.
El interventor declaró que Camacho y Ruiz de la Serna ¢eran conscientes¢ del desfase patrimonial que existía en Gescartera, y que hasta después de la intervención la CNMV no tuvo conocimiento de la existencia de ¢varios tipos de contratos¢. Concretamente, desconocía la existencia de clientes de renta fija. Fernández recordó que tras la intervención, y como último recurso, los resposables de Gescartera intentaron justificar la existencia del dinero con un certificado de la sociedad Martin Investments, domiciliada en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). ¢Nada nos pudo hacer creer que el dinero estaba allí¢, afirmó.