Bruselas multa al cártel del asfalto, liderado por Repsol y Cepsa
La Comisión Europea impuso ayer una multa de 183 millones de euros a las cinco compañías (Repsol, Cepsa, British Petroleum, Galp y Nynäs) que durante 11 años se repartieron el mercado del alquitrán en España. Bruselas quiere que los perjudicados por ese pacto ilegal reclamen a las empresas, además, daños y perjuicios en los tribunales.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, ya no se conforma con castigar duramente los cárteles empresariales que, según viene descubriendo su departamento, se reparten los mercados de la mayoría de las materias primas en Europa, sobre todo, en el sector de la construcción. Bruselas quiere que, además, las empresas o particulares perjudicados reclamen daños y perjuicios ante los jueces de cada país.
En el caso del cártel del alquitrán (el betún derivado del petróleo que se utiliza para la producción del asfalto), la sanción de 183,6 millones de euros equivale al 64% de las ventas de ese material en España en 2001, último año que operó el acuerdo entre las implicadas. Pero Kroes, además, no dudó en acusar a las cinco implicadas de 'estafar a sus clientes, a las autoridades públicas y a los contribuyentes'. Y la CE invita a esas víctimas a aprovechar las pruebas descubiertas por la dirección general de Competencia para presentar sus reclamaciones contra las españolas Repsol y Cepsa, la británica BP, la portuguesa Galp y la sueca Nynäs.
El montante de esa posible reclamación puede hacer palidecer la multa porque el cártel, que se prolongó entre 1991 y 2002, coincidió con un aumento espectacular de la inversión del Estado español en infraestructuras.
Durante ese periodo, los sucesivos planes generales del Gobierno central y de las comunidades autónomas dispararon hasta el 1,8% del PIB nacional el dinero público destinado a la construcción o renovación de carreteras, con especial intensidad en autovías y autopistas. España se convirtió entonces en el primer país, junto a Alemania, por volumen de inversión en este sector.
A los fabricantes de alquitrán, que llegaron a facturar 286 millones de euros en 2001, no les bastó con el negocio de atender una demanda que Galp cifra en 1,5 millones de toneladas al año. Para garantizarse mayores beneficios, según Kroes, 'coordinaron los precios y se repartieron el mercado, fijándose cuotas, volumen y clientes'.
Libro de Petete
Las cinco empresas multadas, según la CE, se sentaban cada año en torno a la llamada 'mesa del asfalto', un foro clandestino en el que se distribuían las obras que cada una suministraría. Los encuentros, de acuerdo con la investigación, se realizaban bilateral o multilateralmente en hoteles o, incluso, en las instalaciones de alguna de las implicadas. 'Y la voluminosa documentación, al final de las negociaciones, se recogía en un acuerdo al que designaban con el nombre en código de Libro de Petete'.
La cita anual se frustró en 2002 cuando BP decidió acogerse al programa de inmunidad ofrecido por la CE para las compañías que reconozcan su participación en un cartel. Gracias a los datos aportados por la británica, Bruselas impuso el año pasado una multa de 266 millones de euros a las 14 empresas que entre 1994 y 2002 se repartieron el mercado del alquitrán en Holanda. Y el mismo chivatazo ha permitido ahora a Kroes castigar al cartel español.
BP se ha librado así de las dos sanciones (en el caso español, de una multa de 66 millones de euros). Pero Kroes recordó que la petrolera británica, como el resto de cómplices, no está exenta de una posible reclamación de daños y perjuicios en España.
Repsol y Cepsa (que participaba en el cartel a través de su filial Prosa), multadas con 80,4 y 83,8 millones, también se han beneficiado de una reducción del 40% y el 25%, respectivamente, por su colaboración con las autoridades una vez descubiertas. La multa de ambas, sin embargo, se ha visto aumentada en un 30% por haber liderado el cartel. La sueca Nynás, que ya encajó una sanción de 13,5 millones por su participación en el cartel, ha sido multada ahora con 10,6 millones. Y Galp con 8,6 millones de euros.
Convocatorias por teléfono y prohibido tomar notas
Cuatro años tardó la Comisión Europea desde que recibió el primer chivatazo en concluir la investigación sobre el cártel del alquitrán en Holanda. Y cinco, hasta que aquel soplo de 2002 le ha permitido castigar un contubernio similar en España. Bruselas, en su decisión sobre el caso holandés, atribuye la tardanza a que 'la reconstrucción exacta del día a día de este cártel (...) es difícil porque, en principio, no se tomaban notas durante los encuentros, no había agenda por escrito y las invitaciones se hacían normalmente por teléfono'. La mayoría de las implicadas, sin embargo, admitieron los hechos cuando recibieron el pliego de cargos de la CE. La última palabra, sin embargo, la tendrá el Tribunal europeo donde Repsol anunció ayer que impugnará la multa.