Las inmobiliarias deberán elaborar un listado de clientes bajo sospecha de blanqueo
La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, anunció ayer que las inmobiliarias estarán obligadas a establecer perfiles de riesgo de sus clientes. La medida está incluida en el borrador de la ley que transpondrá la última directiva sobre blanqueo de capitales a la normativa española.
No se trata sólo de obligar a las empresas inmobiliarias a que comuniquen a las autoridades sus sospechas sobre unos u otros clientes, sino a que desarrollen políticas activas para conocerles y puedan colaborar en la prevención del blanqueo de capitales. Así lo anunció ayer Soledad Núñez, directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda.
La nueva legislación viene de la mano de la ley que incorporará a la legislación española la última directiva sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de sus objetivos es someter a las inmobiliarias al mismo nivel de exigencia que pide a las entidades financieras en materia de prevención del blanqueo. Según avanzó ayer Núñez durante su intervención en el ciclo de conferencias Prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, el Tesoro ya ha elaborado un catálogo -sin rango normativo- de operaciones de riesgo cuyo objetivo es orientar a las inmobiliarias y a las entidades financieras sobre el tipo de operaciones que pueden ser peligrosas.
En cuanto a la nueva norma, el Tesoro cuenta ya con un 'trabajo de base bastante avanzado', según comentó Núñez. No obstante, la ley no verá la luz en la actual legislatura, pese a que la directiva impone su incorporación en cada uno de los estados de la UE antes del 31 de diciembre de este año. La medida, según Núñez, 'incrementará notablemente la eficacia' de las taras de prevención de blanqueo en el sector inmobiliario, un sector que, en su opinión, está especialmente expuesto a este tipo de fraudes.
Entre otros, la directiva europea obliga a las inmobiliarias, así como a otros afectados por la norma (abogados, notarios o joyeros) a identificar a sus clientes y a obtener información sobre el propósito de sus negocios, conocer su perfil de riesgo y el origen de los fondos con los que realiza la operación de que se trate. Según Núñez, la obligación de las empresas es informarse cuidadosamente sobre sus clientes y las operaciones que realizan, y 'si se establece que hay una sospecha de blanqueo deben comunicarlo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que actuará en consecuencia'.
Costes
La directora general del Tesoro explicó que la realización de estos perfiles de riesgo 'tendrá un coste' inicial para las entidades inmobiliarias, si bien, éste se verá reducido una vez se sigan procedimientos más sistemáticos de elaboración, e incluso supondrá a la larga un ahorro al verse compensado por una mayor eficacia.
Según la directiva, la identificación y seguimiento de los clientes, con la averiguación sobre el origen de los fondos incluida, debe realizarse al efectuar transacciones ocasionales por un valor igual o superior a 15.000 euros, ya se lleven éstas a cabo en una o en varias transacciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. Asimismo, cuando, en general, existan sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral.
A modo de ejemplo, si una inmobiliaria llega a conocer que uno de sus clientes con un sueldo muy bajo va a comprar un piso de un precio muy elevado, deberá incluirlo en su listado de sospechosos. Incluso, a tenor de la tercera directiva -que aún no está en vigor en España), deberá preguntarle de dónde saca el dinero para la compra.
Más control del fraude fiscal
Los ingresos obtenidos por Hacienda por actuaciones de control del fraude fiscal aumentaron un 0,4% en el primer semestre del año, hasta alcanzar 2.556 millones de euros, lo que supone un estancamiento frente a los 2.546 millones de obtenidos en el mismo periodo de 2006.A pesar del escaso incremento de los ingresos obtenidos en la lucha contra el fraude, dentro de las actuaciones de control selectivo, la persecución de las actividades en el sector inmobiliario crecieron un 52% en el primer semestre del año, hasta las 22.918 actuaciones.Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron a Europa Press que este ligero aumento de los resultados en global se debe a que en junio de 2006, el organismo obtuvo una serie de ingresos extraordinarios que no se han repetido este año. De esta forma, las mismas fuentes indican que la recaudación por control del fraude hasta agosto se ha incrementado un 6,75% respecto al mismo periodo del año anterior.Del importe recaudado hasta junio (2.556 millones), la mayoría corresponde a ingresos derivados de las actuaciones de control y una pequeña parte (509 millones) son minoraciones de devoluciones.