Andalucía logra de Solbes un anticipo de 300 millones en concepto de deuda histórica
El Gobierno andaluz podrá consignar en sus Presupuestos del año que viene 300 millones de euros procedentes del Estado en concepto de anticipo del pago de la deuda histórica, según el protocolo firmado ayer en Madrid por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el presidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves.
Este pago figurará como anticipo a cuenta, en cumplimiento de la disposición adicional segunda del citado Estatuto. En diciembre de 2005 se creó un grupo de trabajo para delimitar la metodología y la cuantificación de la llamada deuda histórica. Dada la complejidad de los trabajos técnicos, no ha sido posible hasta ahora disponer de una cuantificación definitiva que pueda ser incorporada a los Presupuestos estatales del año que viene. La fecha límite para establecer este cálculo vence en septiembre de 2008 y Chaves expresó ayer su optimismo respecto al cumplimiento de este compromiso.
El presidente andaluz recordó que 'ha sido con gobiernos socialistas cuando ha tenido lugar la ejecución o cumplimiento de los actos correspondientes a la deuda histórica. En 1995, también con Solbes como ministro de Economía, fue cuando se ejecutó otro adelanto a cuenta, de 120 millones, a pesar de que la cuantía de éste tampoco figuraba en los Presupuestos estatales de ese ejercicio.
En opinión de Manuel Chaves, el paso dado ayer demuestra que el Estatuto de autonomía 'está desplegando toda su potencialidad', a pesar de que 'fue y sigue siendo muy devaluado por dirigentes del PP'.
Como prueba de la plena puesta en funcionamiento del texto estatutario, el líder del Ejecutivo autonómico recordó que antes de los cien primeros días de su entrada en vigor ya se constituyeron las comisiones correspondientes. Además, hizo hincapié en que desde el primer momento de su aprobación, 'se empezó a negociar con el Gobierno de la nación en función de los compromisos establecidos'.
Chaves desmintió, por otra parte, que Andalucía haya recibido un trato preferente del Gobierno central en el reparto de las inversiones territorializadas para el año que viene. En su opinión, ha habido un cumplimiento estricto de la disposición que obliga a destinar a esta comunidad el 17,8% de las inversión estatal.