Los dos grandes partidos colocan la vivienda en el centro de sus campañas
La convicción de que el voto joven resultará decisivo en las elecciones de marzo ha llevado a los dos grandes partidos a colocar sus ofertas de vivienda en el frontispicio de su campaña, en el caso del PSOE favoreciendo los alquileres y en el del PP apostando por las ayudas a la compra. En ambos casos eluden un factor elemental como es que la política de suelo y vivienda está ya transferida a las comunidades autónomas.
Las cifras oficiales reflejan que en 1995, año de llegada del PP al Gobierno, se construyeron 63.782 viviendas protegidas, frente a las 95.255 del año pasado. Esta década ha conocido diversas reformas legislativas, algunas de ellas modificadas por el Tribunal Constitucional, para intentar impedir la continua escalada del precio de los inmuebles (150% entre 1998 y 2005), un objetivo que sólo comenzó a conseguirse, y de forma matizada, hace dos años. El hecho de que los ciudadanos sitúen el de la vivienda como su segundo problema y la circunstancia también de que en las elecciones de 2004 el voto joven fuera decisivo en la victoria del PSOE, es lo que ha llevado a los dos grandes partidos a colocar esta preocupación en el corazón de sus programas.
El PP lo hacía este fin de semana con una oferta centrada, sobre todo, en la apuesta por la compra más que en el alquiler. Sus propuestas fiscales para abaratar el precio de la vivienda afectan a más de media docena de impuestos, entre los que sobresale el IRPF, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Actos Jurídicos Documentados y el de Plusvalía. Lo que ofrece el PP para amortiguar el impacto de la fiscalidad sobre la compra de un piso choca con una realidad que sitúa en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos buena parte de la corresponsabilidad sobre estos impuestos, obstáculo evidente que el primer partido de la oposición resuelve con la propuesta de un gran acuerdo nacional para suelo y vivienda que abarque las voluntades de las tres administraciones, el sector inmobiliario y el financiero. No hay antecedentes de un pacto de esta naturaleza en España y a simple vista parece difícil de conseguir si se tiene en cuenta, por ejemplo, que algunos de los impuestos que se quieren suprimir o rebajar forman parte de los canales habituales de financiación de la mayoría de las corporaciones locales. El IBI es un ejemplo claro de ello.
El líder del PP, Mariano Rajoy, se reservó para la clausura de la conferencia sobre vivienda la oferta más llamativa, consistente en la construcción de un millón de pisos en cuatro años a precios de referencia inferiores a 160.000 euros. En este objetivo colaborarían las administraciones y las empresas para comprometer una reserva de suelo para vivienda protegida de entre el 30 y el 50% del total.
El programa del PP presentado este fin de semana prevé también ayudas directas en forma de 'cheque vivienda', cuya cuantía estaría vinculada a los ingresos y a las circunstancias personales. En el mismo saco introduce la subsidiación de tipos de interés hasta 10 años dependiendo de la desviación del euribor respecto a las condiciones del préstamo. Lo que no ha salido de la convención del PP es el cálculo del gasto fiscal que sumarían todas estas iniciativas electorales.
Más facilidades para construir pisos de alquiler
Las ayudas a la compra de vivienda tienen un recorrido bastante limitado. Desde esta premisa, el PSOE ha enfocado su programa electoral y buena parte de las medidas anunciadas en las últimas semanas por el Gobierno a favorecer la política de alquiler, mediante un paquete completo de iniciativas que tienen en cuenta la oferta y la demanda.A partir de enero, los inquilinos con ingresos inferiores a 28.000 euros brutos podrán acogerse a la deducción fiscal del 10,05%. Además, los jóvenes de entre 22 y 30 años con unos ingresos brutos inferiores a 22.000 euros podrán ingresar, en el caso de que opten por alquilar, una renta mensual de 210 euros y contar con 600 de préstamo para la fianza y el coste del aval de seis meses.Para que las viviendas vacías salgan a este mercado, el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó también la segunda parte del plan, centrada en la oferta. Entre las medidas que podrán resultar más efectivas figura la creación de diez juzgados especializados en desahucios en aquellas grandes ciudades donde la Justicia es más lenta. De esta forma, se persigue que la expulsión del inquilino por falta de pago pueda producirse en un mes.El Gobierno dará también nuevos beneficios fiscales a los promotores, de forma que las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios puedan acceder alas ventajas financieras recogidas en el régimen de vivienda protegida. Con ello se acogerán a la tributación del 1% y dispondrán de una mayor capacidad de endeudamiento, que pasa del 50 al 80%. El objetivo es la construcción de más viviendas destinadas al alquiler.