Vivienda

Menos impuestos y más ayudas a las promotoras que alquilen

El Ministerio de Vivienda presentó el viernes el resto de medidas que contempla el plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler. Entre ellas destaca la mejora del régimen fiscal para los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria que promuevan vivienda protegida (VPO) en alquiler y la concesión de más subvenciones para los promotores que hayan edificado casas y estén sin vender.

Menos impuestos y más ayudas a las promotoras que alquilen
Menos impuestos y más ayudas a las promotoras que alquilen

Las iniciativas presentadas ante el Consejo de Ministros del viernes vienen a completar las dos medidas anunciadas días antes para estimular la demanda de alquiler.

Así, en enero próximo está previsto que entre en vigor tanto la nueva deducción por alquiler para familias con ingresos de hasta 28.000 euros, como la ayuda de 210 euros mensuales para jóvenes inquilinos de 22 a 30 años cuyas rentas no superen los 22.000 euros.

Pero, consciente de la falta de incentivos a la construcción de casas para alquilar, el Gobierno prevé ahora ampliar los beneficios fiscales que gozan las sociedades y fondos de inversión inmobiliarias para los casos en los que decidan promover vivienda protegida (VPO) en alquiler.

En esos proyectos podrán acogerse a la tributación del 1% en el impuesto de sociedades con una capacidad de financiación ajena máxima que pasará del 50% al 80% del total.

Además, se aplicará el IVA superreducido (4%) a los pisos de nueva construcción que se destinen al alquiler de renta básica durante un periodo de 25 años.

Otra de las modificaciones que se introducen con el objetivo de estimular la oferta de arrendamientos es la próxima puesta en marcha de préstamos a bajo interés y subvenciones a las cuotas hipotecarias de entre 6.000 y 11.700 euros para ayudar a los promotores que cuentan con grandes volúmenes de casas construidas sin vender. Para ellos también está prevista la ampliación del periodo de carencia de sus préstamos.

Para poder acogerse a estos beneficios, las viviendas deberán destinarse a alquiler protegido durante 10 años.

El plan contempla también la concesión de ayudas a la renovación de áreas degradadas y a la remodelación de barrios, siempre que un porcentaje de los pisos resultantes se dedique al alquiler.

En lo relativo a la oferta de vivienda para arrendar en manos de particulares, que en España representa el 86% del total, también se incluyen nuevos incentivos para que los propietarios se decidan a sacarlas al mercado. Según explicó la titular de Vivienda, Carme Chacón, la ayuda de 6.000 euros vigente en el actual plan 2005-2008 se extiende a todas las casas vacías, sea cual sea su superficie.

También, se eliminan las restricciones que había al uso que debía darse a ese dinero y se flexibiliza el tope de renta a cobrar al inquilino de los 571 euros vigentes hasta los 1.245 euros mensuales.

Pero quizás la reforma más esperada por los propietarios de inmuebles susceptibles de ser arrendados es la relativa a la agilización de los procesos de desahucio. Chacón anunció el viernes la creación de 10 juzgados específicos para agilizar estos procesos. Además, se contempla la posibilidad de utilizar los juicios rápidos para la reclamación de deudas, aunque se ejerza con independencia el desahucio.

Entre los cambios legislativos que el Gobierno quiere introducir destaca la agilización de las comunicaciones procesales y la limitación del plazo para que el inquilino solicite la asistencia legal gratuita, arma utilizada para dilatar el proceso.

Agentes de la propiedad con estatuto

El Consejo de Ministros dio luz verde el viernes al Real Decreto que aprueba el Estatuto General de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y de sus Colegios Oficiales y del Consejo General

Para el Consejo Rector de los colegios oficiales de API, la aprobación de este estatuto es un hito histórico y supone un primer paso en la regulación que viene demandando este colectivo de su actividad. Además, supone el pleno apoyo del Estado a la profesión de API, después de un largo periodo de negociaciones.

El Consejo Rector considera que la nueva norma respeta estrictamente los principios de la libre competencia, porque la colegiación continuará a partir de ahora siendo totalmente voluntaria. Según este colectivo, los derechos de los ciudadanos y de los API colegiados van a estar mejor protegidos, lo que dará mayor seguridad y confianza a la actividad de intermediación inmobiliaria.

Destaca el fuerte impulso a la colaboración entre el Consejo General y los Colegios territoriales con las universidades para la promoción de estudios inmobiliarios que faciliten la colegiación, pues sólo los profesionales con formación universitaria pueden solicitar su alta como colegiados. Refuerza el funcionamiento democrático de su organización, al implantar el voto ponderado y confiar las principales decisiones corporativas al Pleno del Consejo General que agrupa a todos los presidentes de colegios oficiales de API.

Falta aún el otro gran proyecto pendiente relativo a la intermediación inmobiliaria. Los API vienen demandando la implantación de unas normas mínimas que impidan, entre otras cosas, que particulares con un móvil puedan actuar como agentes inmobiliarios y evitar así los abusos que cometen.

Medidas para estimular el mercado

Plan de vivienda. Se eliminan las restricciones de superficie, renta y condiciones de uso de la subvención para poder otorgar los 6.000 euros a los propietarios de casas vacías. Se suprimen las condiciones de superficie y precio del alquiler para la ayuda de 240 euros a los inquilinos.

Parque alquiler. IVA superreducido (4%) para todas las viviendas de nueva construcción destinadas a alquiler social.

Suelo. Utilización de suelo de la entidad pública Sepes y de distintos ministerios para construir viviendas de alquiler protegido. Acuerdo con la Federación Española de Municipios para la utilización de suelos de los ayuntamientos para promover casas para arrendar.

Spa. Extensión de su actividad a la gestión de viviendas procedentes de fondos inmobiliarios, sociedades de arrendamiento y cooperativas. Creación del 'alquiler seguro' con póliza multirriesgo, contra impago y asistencia jurídica.

Promotores. Beneficios fiscales para fondos y sociedades de inversión inmobiliaria que hagan VPO en alquiler. Préstamos y subvenciones para promotores que tengan viviendas construidas y aún sin vender.

Desahucios. Creación de 10 nuevos juzgados, comenzando en las zonas de mayor saturación. Agilización de las comunicaciones procesales y reducción del plazo de enervación a 15 días.

Inquilinos. Renta de 210 euros durante cuatro años, fianza de 600 euros y coste del aval de seis meses. Deducción fiscal del alquiler, semejante a la que existe actualmente para la compra. 700.000 beneficiarios.