La CE expedienta a España por su ayuda fiscal a la inversión en le exterior
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, ultima un expediente contra España por el apoyo fiscal a las empresas nacionales que realizan adquisiciones en otros países. Bruselas sospecha que empresas como Telefónica, Iberdrola o Santander han aprovechado esa ayuda presuntamente ilegal para llevar a cabo su expansión internacional.
El departamento europeo de Competencia tiene previsto abrir próximamente una investigación formal sobre la norma fiscal española que permite a las empresas obtener importantes desgravaciones gracias a las adquisiciones que realizan en el extranjero. Fuentes conocedoras del expediente descartan que la decisión se produzca la semana que viene, pero consideran inminente la apertura del expediente, que incluso podría producirse el próximo 10 de octubre.
Si la investigación concluye que el régimen español es ilegal, Kroes podría exigir la anulación de la norma e, incluso, la recuperación de las ayudas concedidas en los últimos años. Se calcula que para empresas como Iberdrola o Telefónica, que recientemente han realizado opas internacionales, la desgravación cuestionada puede alcanzar los 1.000 millones de euros.
La norma investigada permite a las empresas deducirse una parte del fondo de comercio generado en las adquisiciones internacionales, es decir, de los costes de amortización de la disparidad entre el precio pagado y el valor teórico de la compañía comprada.
La norma había pasado desapercibida en Bruselas hasta que las empresas españolas iniciaron una ofensiva sin precedentes en el mercado comunitario. La opa de Iberdrola por la empresa escocesa Scottish Power, a principios de este año, fue la gota que colmó el vaso.
La operación en un sector tan sensible como el energético hizo que arreciasen las presiones sobre la Comisión Europea para que investigase los incentivos fiscales de que gozan las empresas españolas. Desde el partido nacionalista escocés (SNP), herido por la pérdida de un activo nacional tan estratégico, hasta los editoriales del diario londinense Financial Times, se estableció una relación directa entre la ofensiva española en el Reino Unido con esa supuesta ventaja desleal. Kroes, cuyas relaciones con el Gobierno español se deterioraron gravemente a raíz de la frustrada opa de Eon por Endesa, decidió aceptar el envite.
La comisaria, a pesar de todo, tuvo que autorizar sin condiciones la operación de la eléctrica española porque desde el punto de vista de la competencia no planteaba ningún problema.
Dudas
Pero en su dictamen, Kroes dedicó por primera vez nueve epígrafes a analizar las ventajas fiscales que podía obtener Iberdrola con su operación escocesa. El escrutinio aparecía ya bajo el revelador nombre de 'la cuestión de la ayuda de estado'. Y el departamento de Kroes se cuidó de advertir que la luz verde a la fusión 'no prejuzga la posición de la Comisión sobre la existencia y, llegado el caso, legalidad de tal ayuda de estado'.
Su departamento parece haber llegado ya a la conclusión de que, en efecto, la desgravación del fondo de comercio constituye un subsidio ilegal a la expansión de las compañías españolas. Y en las próximas semanas cursará su acusación contra el Estado español.
En círculos especializados en derecho de la competencia se duda que Bruselas pueda probar de manera fehaciente la presunta ilegalidad del incentivo español porque, entre otras cosas, no distingue su reconocimiento en función de la nacionalidad. Cualquier empresa radicada en España puede obtener la misma desgravación.
Algunas fuentes también se extrañan de que la CE, que preconiza la integración de los mercados europeos, arremeta contra un Estado que no fomenta la inversión dentro de sus fronteras sino en el exterior.
Aún así, la CE ya consiguió el año pasado que el Gobierno español aceptase retirar de manera gradual otro incentivo para las compras en el extranjero de las que se derivase un aumento de las exportaciones españolas. Esa ayuda expirará en 2010.
Precedente
Las empresas españolas que se han beneficiado de la desgravación del fondo de comercio en sus operaciones internacionales cuentan con un precedente que les puede dar cierta tranquilidad. La CE, que el año pasado exigió la retirada de otro incentivo fiscal a la dimensión internacional de las compañías españolas, no reclamó la recuperación de las ayudas. Y aceptó su retirada gradual.