Iberdrola tuvo que cuantificar su deducción por comprar Scottish
Las compañías españolas han protagonizado en los últimos tres años una retahíla de opas transfronterizas con especial predilección por las presas británicas. Santander se hizo en 2004, por 13.800 millones de euros, con el banco Abbey National. Al año siguiente, Telefónica se compraba el operador móvil O2 por 26.000 millones. Y en 2006, Ferrovial se hacía con el control de siete aeropuertos británicos tan emblemáticos como Heathrow gracias a su adquisición de BAA en una operación valorada en 14.500 millones de euros.
Las tres operaciones, dada su dimensión comunitaria, fueron notificadas a la dirección general de Competencia de la Comisión Europea, que las autorizó tras una rápida revisión.
La misma suerte esperaba a Iberdrola cuando en 2007 notificó la compra de la eléctrica escocesa Scottish Power. Pero en este caso, la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, reclamó, según el expediente de autorización, que la compañía española cuantificase los beneficios fiscales que obtendría gracias a la operación e, incluso, si se había beneficiado de alguna desgravación en anteriores adquisiciones.
Iberdrola señaló que gracias a sus compras en Latinoamérica había obtenido una mínima desgravación, no superior al 5%, gracias a la norma fiscal que incentiva las adquisiciones que generan un aumento de las exportaciones españolas.
En su dictamen, la CE reconoce que no parece claro que Iberdrola pueda beneficiarse de ese mismo incentivo en la compra de Scottish. Aún así, se pone 'en el peor escenario', según sus propias palabras, y calcula que la desgravación podría oscilar entre 500 y 1.000 millones de euros.
Pero la curiosidad de la CE no terminó. Bruselas también pidió a Iberdrola que calculase la desgravación que obtendría gracias la normativa sobre el fondo de comercio generado en las operaciones transfronterizas. 'El cálculo arroja entre 1.000 y 1.500 millones de euros', recoge el dictamen comunitario.
En total, Bruselas cifra entre 1.500 y 2.500 millones de euros los beneficios fiscales que Iberdrola, con una facturación aproximada de 11.700 millones de euros en 2006, podría obtener por una operación valorada en algo más de 17.000 millones de euros. Un beneficio que la CE cree que es ilegal.