Los afanes del Presupuesto

Los presupuestos de 2008, por primera vez en esta legislatura, se enfrentan a una mayor incertidumbre que los anteriores. Es evidente que la situación no es la misma que hace tres meses y, en este sentido, actualizar el cuadro macroeconómico podría haber servido para dar mayor confianza en las previsiones de ingresos, evitando convertirse en presa de una crítica fácil.

En cualquier caso, ni los indicadores apuntan como escenario más probable a una situación crítica, ni las estimaciones de ingresos resultan incoherentes para crecimientos algo más moderados. Echando la vista atrás, no puede decirse que las previsiones de los últimos años pecaran de voluntarismo. Más bien de un sesgo conservador que ocultaba de alguna forma superávit, como se terminaron constatando en las ejecuciones anuales.

Un segundo centro de atención de estos presupuestos hace referencia a la distribución territorial de sus actuaciones de gasto, especialmente en el tratamiento y reparto regional de las inversiones, que crecen un 11% frente a 2007. No deja de ser paradójico que sea en el momento que menor peso tiene la inversión del Estado en el esfuerzo inversor del conjunto de las administraciones cuando más interés despierte este análisis. Más aún cuando una parte de las inversiones están condicionadas por los compromisos que las fuerzas políticas nacionales han asumido con la aprobación de los Estatutos.

En la aprobación de los PGE del año pasado, asistimos a la novedad del cumplimiento del acuerdo entre Estado y Generalitat, recogido en el Estatuto, comprometiendo una dotación de inversiones en Cataluña equivalente a su participación en el PIB, el 18,7%. Este año se le suma Andalucía, si bien se sustituye el citado parámetro de referencia por el del peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado. Baleares, con su Estatuto recientemente aprobado, añade una nueva variable, la inversión media per cápita realizada en las Comunidades de régimen común. Aunque en otras Comunidades, como Valencia o Aragón, se incorporan requerimientos que se cuantifican equiparación de los niveles de servicios, orografía, extensión, situación fronteriza, etc., es previsible que sigan presentándose propuestas estatuarias que resulten ventajosas para quien las demanda.

Resulta legítimo que las Comunidades reclamen más atención del Estado pero sería preciso aclarar si esta concurrencia de disposiciones adicionales en los Estatutos no está menoscabando la autonomía del Estado para decidir sobre el destino de su presupuesto de gastos. Por otra parte, la eficiencia del gasto público poco tiene que ver con un reparto anual aritmético por territorios sino con una planificación integral de las infraestructuras según su tipología, que deberá atender a las necesidades de cada una de las regiones.

Tal vez algunas posiciones se sientan frustradas porque buscan en el presupuesto un papel que debería asignarse a otros instrumentos que han tenido que ser aplazados por falta de consenso, como un nuevo modelo de financiación autonómica o el impulso de algunos instrumentos como el Fondo de Compensación Interterritorial, reconocido constitucionalmente para corregir los desequilibrios económicos. Mantener abierto este debate en torno a los presupuestos sólo sirve para confundir al ciudadano.

César Cantalapiedra / Susana Borraz. Socios de AFI Consultores de Administraciones Públicas