El Ministerio de Trabajo y CiU negocian la retroactividad de las ayudas por hijo
El contador electoral ha comenzado a correr y, además, la situación presupuestaria es holgada. Estas dos circunstancias están favoreciendo las negociaciones que el Ministerio de Trabajo que dirige Jesús Caldera y Convergència i Unió (CiU) están manteniendo en secreto para conseguir que prospere sin dificultades el proyecto de ley que destina ayudas de 2.500 euros por nacimiento o adopción. El diálogo se centra en la posibilidad de que las mismas tengan carácter retroactivo a 1 de enero de este año.
Desde que José Luis Rodríguez Zapatero anunció el pasado 3 de julio en el Congreso la creación de estas ayudas, el Gobierno trabajó con la posibilidad de hacerlas retroactivas a 1 de enero, a pesar de las reticencias puestas por el Ministerio de Economía. En el proyecto de ley que se ha remitido al Congreso figura, sin embargo, el 3 de julio como la fecha de entrada en vigor de dichas ayudas, día en que el presidente las hizo públicas en el debate del estado de la nación.
Las objeciones de los diferentes grupos parlamentarios han vuelto a hacer recapacitar al Ejecutivo, ante el riesgo de que el proyecto de ley, que ayer calificó el Congreso y se quiere tramitar por vía de urgencia, tenga dificultades para ver la luz.
Ningún grupo se opone en realidad a estas ayudas, pero todos sin excepción van a introducir matices de importancia en las enmiendas que hacen imposible que el texto salga adelante en su actual redacción. Este escenario ha llevado al Ministerio de Trabajo a negociar con CiU la posibilidad de que las ayudas se destinen a todos los nacimientos o adopciones registrados a partir del pasado 1 de enero, una reivindicación clave de los nacionalistas catalanes y también de otros grupos parlamentarios. Esta cesión encarecería en 600 millones de euros el coste previsto para esta medida.
El plazo de enmiendas abierto ayer servirá para que cada grupo se retrate. El PP solicitará que las ayudas sean de 3.000 euros en lugar de 2.500 y pedirá también que tengan carácter retroactivo a 1 de enero. Izquierda Unida aspira a que se destine en 2008 el mismo dinero para la aplicación de la ley deDependencia, lo que supondría aumentar en casi 350 millones la partida inicialmente estudiada por Economía.
Sin carácter progresivo
Esquerra Republicana demanda que las rentas superiores a 50.000 euros anuales queden fuera de estas ayudas y que el ahorro obtenido sirva para que las madres con ingresos inferiores reciban hasta 3.500 euros por cada nacimiento o adopción. A la vista de tal abanico de demandas, la opción más segura en la que trabaja el Gobierno es el pacto con CiU, formación que negocia también con Trabajo el aumento de las ayudas a hijos. Según fuentes de Trabajo, en el supuesto de que al final no se llegara a un acuerdo parlamentario para que prospere el proyecto de ley, el Gobierno optaría por incluir estas ayudas como una disposición adicional al proyecto de ley de Presupuestos que comenzará a tramitarse a finales de este mes en el Congreso.
La razón por la que el Ministerio de Trabajo ha descartado dar un carácter progresivo a las ayudas de 2.500 euros por nacimiento o adopción está relacionada con dificultades para introducir correcciones a partir de los distintos niveles de renta existentes.
Se calcula que sólo hay 67.000 madres, el 1,09% del total, que tienen ingresos por encima de los 60.000 euros anuales. Reducir a este colectivo estas ayudas oficiales daría lugar a unos mecanismos de control que, posiblemente, llevarían aparejados más costes que beneficios.
Diferentes cuantías, según las comunidades
Uno de los grupos parlamentarios menos satisfecho con la forma en la que el Gobierno ha regulado estas ayudas por hijo es el PNV, partidario de que se hubieran canalizado a través de ayudas directas y no mediante deducciones en el Impuesto sobre la Renta dado el régimen fiscal especial que funciona en esta comunidad y también en Navarra. En todo caso, para garantizar que sea una prestación universal, el Gobierno ha decidido que las madres que residan en ambos territorios puedan cobrar a partir de diciembre esta paga a través de una prestación no contributiva con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, con independencia de que tengan un trabajo remunerado o sean amas de casa. Esto sólo ocurrirá en el resto del Estado en los casos en que la madre no trabaje.Estas ayudas se sumarán a las ya vigentes en cada comunidad, donde rige una media cercana a los 180 euros por hijo. El propio País Vasco, Castilla y León, Cataluña y Madrid encabezan el ranking de estas ayudas mientras que Extremadura, Asturias, Ceuta y Melilla se sitúan a la cola. Después del anuncio hecho por el presidente del Gobierno el pasado 3 de julio, el Partido Popular prometió complementar estas ayudas por nacimiento en la media docena de comunidades donde gobierna.La Agencia Tributaria y la Seguridad Social han recibido desde el pasado 3 de julio cerca de 1.000 solicitudes de ayudas diarias para el cobro de los 2.500 euros que podrá efectuarse a partir del mes de diciembre. Las comunidades autónomas donde se han registrado hasta ahora más solicitudes son las de Andalucía, Madrid y Cataluña.