Tribunales

El PP interpone recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Suelo

El secretario ejecutivo de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, anunció ayer que el Partido Popular ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Suelo por considerar que 'es una norma expropiadora que perjudica los intereses de los agricultores' e invade las competencias de las comunidades autónomas; además de suponer 'una enorme improvisación electoralista'.

En el recurso, el Partido Popular impugna diez preceptos de la mencionada norma y su disposición transitoria primera. Elorriaga tachó de 'inconstitucional' el método de valoración de suelo rural establecido en el artículo 22 de la Ley de Suelo. Dicho artículo establece que los terrenos se tasarán mediante el sistema de capitalización de rentas. Es decir, teniendo en cuenta la producción que se obtiene con la explotación de dichas tierras.

En rueda de prensa celebrada en la sede central del PP, Elorriaga describió a la ley como 'una enorme improvisación electoralista' y se posicionó en contra del sistema de valoración de la nueva normativa, ya que según él, es 'injusto' porque 'el suelo rústico en España no vale lo que produce. Su valor real es muy superior en la mayoría de los casos'.

Así, el PP quiso demostrar su apoyo a las asociaciones agrarias, con las que presumió de haber mantenido 'un estrecho dialogo', que según explicó, 'ya han manifestado su oposición a las expropiaciones de tierras que defiende la nueva normativa'.

En su opinión, esta ley va en contra de los postulados del Partido Socialista. Elorriaga aprovechó esta ocasión para subrayar 'la creciente dificultad de acceso a la vivienda' en la presente legislatura. El portavoz del PP recordó que 'es una norma absolutamente intervencionista, que no simplifica los trámites administrativos de los procesos de urbanización, carece de mecanismos eficaces para abaratar el coste de los solares e invade competencias autonómicas'.

Madrid, región pionera en recurrir la ley

La Comunidad de Madrid fue el primer gobierno autonómico en reprobar la Ley estatal de Suelo después de que el pasado lunes presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la norma por considerar que vulnera las competencias autonómicas y atenta contra el derecho a la propiedad privada. En el recurso se denuncia principalmente la 'intromisión' del Estado en competencias de las comunidades autónomas. Una de las medidas más criticadas es el establecimiento de una reserva mínima del 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos para vivienda protegida.