Los regantes defienden que la planificación fluvial sea sólo estatal
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha exigido que las competencias de planificación fluvial dependan 'exclusivamente' del Estado y no de las Comunidades Autónomas, con el fin de evitar descoordinaciones 'tan graves' entre Gobierno central y autonómico como las producidas en los últimos incendios.
Los regantes consideran que estos desastres cuestionan la eficacia de las comunidades autónomas para asumir determinadas competencias estatales. Así, advierten que la titularidad sobre las aguas, que realizan algunas reformas de estatutos de autonomía recientes como el de Andalucía, pueden terminar con el modelo tradicional de gestión por cuencas hidrográficas.
En su opinión, el 'nuevo sistema ribereño territorial' en el que, a través de los Estatutos de Autonomía, distintas comunidades 'quieren asumir' competencias exclusivas sobre el control de los recursos hídricos que discurren en parte por su territorio, puede derivar en un modelo autonómico 'insolidario' y en auténticas 'guerras del agua' entre regiones como sucede desde hace años.
A este respecto, Fenacore recuerda que Aragón, Extremadura, Valencia y Murcia ya han anunciado que interpondrán ante el Tribunal Constitucional un recurso contra los Estatutos de otras comunidades porque consideran que pretenden privarles de sus derechos sobre el agua. En este sentido, los regantes abogan por un gran pacto político sobre el agua basado en los criterios de sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial.
El gobierno central que negocia con el andaluz la transferencia de la gestión del Guadalquivir ha insistido en que sólo se traspasará la gestión de las aguas que transcurran por tierras andaluzas (más del 90% del cauce) y en ningún caso se transferirá la competencia que queda en manos del Estado.
Ayudas al regadío
El Gobierno destinará 500 millones este año para modernizar el regadío y paliar los daños de la sequía. Esta cantidad es el 76% de los recursos de un plan que tiene como objetivo actuar en 866.000 hectáreas para garantizar el uso eficiente del agua en la agricultura.