Fraude

La costa concentra el 66% del mercado negro de alquiler

Los técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que de los 977.306 alquileres de viviendas no declarados en España, un total de 650.000 (66%) se encuentra en provincias costeras, lo que supone que alrededor de un tercio de estos arrendamientos fraudulentos podría estar relacionado con viviendas vacacionales.

Los datos indican que existen cerca de 650.000 alquileres no declarados en las provincias del litoral. Gestha extrae estas conclusiones del cruce de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración de IRPF.

Según sus cálculos, las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en estas zonas superarían los 1.200 millones de euros anuales. A ello se sumarían los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que, de las seis autonomías donde más se defrauda por este concepto (Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares), cinco están bañadas por el mar.

Cataluña lidera, con más de 521 millones de euros anuales, las rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda en regiones costeras de España. Dentro de esta comunidad, la provincia con mayor fraude es Barcelona con su Costa del Maresme que, con 439,9 millones de euros no declarados, supera ampliamente al resto de provincias españolas.

Por su parte, Andalucía es la segunda comunidad del litoral con mayor fraude por alquileres sumergidos, con más de 180 millones de euros no declarados. Destacan la Costa de la Luz (Cádiz y Huelva), con 73,4 millones de euros y la Costa del Sol (Málaga), con 59,3 millones de euros de fraude.

Asimismo, según el informe, el tercer puesto en arrendamientos sumergidos lo ocupa Canarias, donde el fraude estimado es de 144,1 millones euros, a lo que contribuye en mayor medida Las Palmas, con 78,9 millones de euros no declarados.

Mientras, la Comunidad Valenciana registra un fraude de 111,8 millones de euros anuales. En esta comunidad, destaca la provincia de Valencia, donde el valor de alquiler no declarado alcanza los 57 millones.