Odyssey contraataca y exige a España indemnizaciones
La empresa demanda garantías de confidencialidad al Estado antes de informar sobre el tesoro
El nombre de la empresa ya anunciaba una larga historia salpicada de giros inesperados. Odyssey Marine Exploration ha presentado tres acciones civiles ante un Tribunal de Florida en las que acusa al Gobierno de España de 'obstruir' sus operaciones y exige indemnizaciones por ello.
La empresa, enfrentada desde hace meses al Ejecutivo español por un tesoro valorado en 337 millones de euros, exigirá 'compensación del daño causado por la interferencia de España en los derechos de Odyssey' sobre tres de los sitios en los que llevó a cabo exploraciones del fondo marino. Uno de ellos, el llamado Cisne Negro, es donde Odyssey encontró un pecio con 17 toneladas en monedas que España reclama como suyas. La compañía afirma en el comunicado de ayer que aún 'no ha podido intensificar positivamente el sitio y no ha revelado su localización para proteger los artefactos que permanecen allí'.
La empresa también presentó mociones en los tres casos en las que exige a las autoridades españolas la firma de un acuerdo de confidencialidad antes de proporcionarle la información sobre los pecios. Odyssey argumenta que el abogado defensor de España en el caso, James Goold, pertenece a una asociación que podría competir con Odyssey. Goold, abogado de la firma Covington & Burling LLP, fue condecorado en 2000 con la Cruz de Isabel La Católica.
Pocas horas después, el Ministerio de Cultura afirmó que 'responderá a todos los cargos que se les imputa sin base real', según explicó un portavoz. España llevó el caso a los tribunales de Florida en mayo pasado para zanjar la cuestión. Odyssey tenía que presentar el pasado mes un informe arqueológico preliminar que ayudaría a esclarecer el origen del tesoro. Pero la intervención de la Guardia Civil en uno de sus barcos, el pasado 12 de julio , sirvió de argumento ante el juez, que les dio más tiempo para que pudiesen recopilar toda la información.
Vencido el plazo el lunes, la empresa presentó al juez un primer informe, incompleto según el Ministerio de Cultura, porque no incluía' la localización de los barcos y sus nombres, tipo de cargas, cantidad de monedas extraídas'.
'Hemos dejado claro que en ningún caso hemos operado en aguas españolas y que hemos respetado siempre la legalidad internacional', añadió John Morris, presidente de la compañía, en el mismo comunicado.