Francia abre la vía a Sacyr para que no pague toda la opa por Eiffage en metálico
El regulador de la Bolsa francesa ha dejado la vía abierta para que Sacyr no tenga que pagar todo en metálico si le obliga a lanzar otra opa por la constructora Eiffage. En su resolución, apunta que la oferta forzosa tendría que incluir una 'opción en metálico', pero no dice 'el 100%'. Mientras, el juez dejó ayer en suspenso el proceso hasta pronunciarse sobre la acusación de que Sacyr se concertó con otros accionistas españoles para tomar el control de la francesa.
La opa de Sacyr por el 66,7% que no controla en la tercera constructora gala podría, finalmente, no ser tan onerosa como la empresa pensaba en un principio. El regulador bursátil, la Autorité des Marchés Financiers (AMF), acusó al grupo que preside Luis del Rivero de concertarse con otros seis accionistas españoles de Eiffage para tomar el control de ésta y por ello obligó a Sacyr a lanzar otra oferta un 21% mayor pero 'con una opción en metálico'. Así consta en su resolución del pasado 26 de junio.
Esto significa que la empresa española podría no tener que lanzar otra oferta 100% en dinero por Eiffage sino una que complemente la que rechazó la AMF, que fija un canje de 12 títulos de Sacyr por cinco de la francesa (104,7 euros por título). Así lo explican fuentes jurídicas, que apuntan que la resolución de la AMF está 'muy abierta' ya que no da fecha a una nueva oferta ni tampoco dice cómo articularla.
Lo que sí pone es el precio: 127,29 euros por título, que es el mayor precio pagado en los 12 meses precedentes a la opa por uno de los accionistas acusados de concertación con Sacyr, la sociedad Portman Golf. Esto supone valorar el 100% de Eiffage en 11.860 millones y en 7.900 millones el desembolso por el 66,7% que no tiene Sacyr, primer accionista.
La española puede afrontar un desembolso de 7.900 millones
El peor escenario
En cualquier caso, la oferta obligatoria constituye el peor escenario posible para Sacyr después de un enfrentamiento con Eiffage que ya dura casi año y medio. Fuentes oficiales aseguran que la empresa está centrada en el recurso que ha presentado contra la decisión de la AMF en el Tribunal de Apelación de París y no en las opciones para una nueva opa. Niegan que haya habido pactos entre accionistas para tomar el control de la gala y confían en una sentencia justa ante una acusación de concertación 'arbitraria e infundada'.
Ayer mismo, el citado tribunal decidió que 'no ha lugar' a que Sacyr cumpla con lo estipulado por la AMF y lance de forma inmediata otra oferta hasta que el juez decida sobre la concertación, explicaron fuentes cercanas al proceso. Este auto se esperaba desde el martes cuando la propia AMF dijo al magistrado que su decisión no tenía 'carácter ejecutorio' hasta que hubiera un dictamen judicial sobre el fondo de la acusación. Ahora se abre un periodo de unos tres o cuatro meses en los que Sacyr queda eximida de tener que presentar una nueva propuesta hasta que haya un pronunciamiento judicial. Es un plazo considerable en el que la compañía española sale beneficiada porque gana tiempo para sopesar una nueva oferta si finalmente los tribunales respaldan a la AMF y ésta obliga a lanzarla.
Puestos en ese caso, tanto el Código de Comercio como el reglamento de la AMF y la resolución dejan en el aire cómo debería ser esa oferta alternativa, según fuentes jurídicas. El reglamento del funcionamiento de los mercados no establece la fórmula en efectivo para opas forzosas, como ha comprobado este diario.
Esto significa que la AMF tiene todo el poder para decidir qué tipo de oferta le aprobaría a Sacyr. Llegados a ese punto, la empresa desplegaría su capacidad negociadora con esta institución. Y aún habría que contar con otra opa obligatoria por la filial de autopistas de Eiffage, APRR, que vale unos 5.000 millones, lo que puede elevar las opas a 13.000 millones.
Otro proceso judicial correrá paralelo en el Tribunal de Comercio de Nanterre y también girará en torno a la acusación de concertación. Sacyr (además de la inmobiliaria Rayet y el promotor Luis Portillo, accionistas de Eiffage) impugnó la junta de la gala porque la mesa de la asamblea decidió que se concertó con otros 89 accionistas españoles (el 17,5% del capital) y les quitó los derechos de voto. Esto impidió de nuevo a la española acceder al consejo.