La CE busca fórmulas para reducir costes empresariales en contabilidad y auditoría
El Consejo Europeo ha puesto de relieve que la reducción de las cargas administrativas constituye una medida importante para impulsar la economía de Europa. Esa conclusión es la base de una recomendación que acaba de publicar la Comisión Europea en la que aboga por simplificar 'el entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría'. Se trata de reducir las cargas administrativas que sufren las empresas dentro de la UE y en especial las pymes.
De hecho, la comunicación del Ejecutivo comunitario, que pretende presentar sus propuestas legislativas en esta materia a principios de 2008, reconoce específicamente que 'en el caso de la contabilidad y la auditoría, el objetivo debería ser reducir costes administrativos para las pymes, para las cuales estos gastos resultan especialmente gravosos'. Sin embargo, la CE tiene la intención de que las medidas de simplificación del Derecho de sociedades beneficie a todas las empresas. Es más, Bruselas está evaluando la posibilidad de derogar total o parcialmente determinadas directivas que afectan al derecho de sociedades en Europa. Antes quiere conocer la opinión de los estados miembros y de los expertos en la materia.
Lo que sí está claro es que al menos se producirá una flexibilización de las normas comunitarias ya que, según la CE 'en su forma actual, estas directivas en especial la tercera y la sexta y posiblemente la segunda contienen normas tan detalladas que dejan a los Estados poco margen para adaptar sus regímenes a las nuevas necesidades de las empresas'.
A pesar de todo, la CE considera que deberían reducirse aún más sus cargas administrativas, para lo que en primer lugar sugiere eximir a las microempresas de la aplicación de las directivas contables, por su elevado coste y escasa utilidad. Propone crear la categoría de microempresas, que serían aquellas con menos de diez empleados, balance inferior a 500.000 euros y volumen de negocio inferior a un millón de euros.
La CE cree que para las empresas más pequeñas deberían eliminarse algunos requerimientos de contabilidad, como detallar gastos de establecimiento u orígenes de los volúmenes de facturación.
Un sinnúmero de gastos innecesarios
Un buen ejemplo de las cuestiones que se pretenden simplificar es el siguiente: según lo dispuesto en la primera directiva sobre Derecho de sociedades, determinada información que debe incluirse en los registros mercantiles de los Estados miembro debe publicarse además en los boletines oficiales nacionales. 'En la mayoría de los casos, esta publicación implica para las empresas costes adicionales innecesarios. Estos costes podrían evitarse si se considera que toda esta información está disponible a través de los registros electrónicos de las sociedades', explica la CE.Y en cuanto a las pyme, la intención es que queden exentas de algunas de las tareas administrativas más complejas.