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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La CE y su burbuja inmobiliaria

Cuál es el impacto de las instituciones europeas en el urbanismo?', se preguntaba ayer una tribuna de Opinión del diario belga La Libre Belgique. El tema es recurrente en la capital comunitaria, donde la población local se queja de la presión inmobiliaria que provoca la voracidad de las instituciones y el alto poder adquisitivo de los funcionarios. Menos atención recibe, sin embargo, el impacto en el presupuesto comunitario de la concentración de los edificios de la UE en tres barrios muy concretos de Bruselas, Estrasburgo (Francia) y Luxemburgo. El Tribunal de Cuentas de la UE, en un informe especial, acaba de arrojar una preocupante luz sobre esa materia.

Los auditores públicos revelan el sobrecoste que supone para el contribuyente europeo la política inmobiliaria, o más bien su ausencia, de las instituciones comunitarias. Ni la Comisión ni el Parlamento, que a diario legislan y pontifican sobre buen gobierno, parecen capaces de aprovechar frente a promotores y arrendatarios la enorme fuerza de negociación que da el hecho de ser el ocupante de más de dos millones de metros cuadrados en las tres capitales. El informe reconoce que se han hecho esfuerzos por mejorar la situación en los últimos años, pero alerta que la gestión presupuestaria en el campo inmobiliario 'todavía sufre varios puntos flacos en cuanto a planificación, financiación, coste y cooperación institucional'.

El Tribunal recomienda que los organismos se coordinen a la hora de cubrir sus necesidades para evitar escenas tan lamentables como la de algún edificio vacío durante años con un coste anual de seis millones. Los auditores también abogan por una política de alquiler a largo plazo con opción de compra. Parecen medidas sencillas de aplicar. Y si no existen turbias maniobras que estén propiciando el despilfarro actual, nadie debe impedir que se pongan en marcha. El comisario de Administración, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Siim Kallas, debe aprovechar su nueva política sobre bienes inmuebles, que presentará a primeros de septiembre, para marcar el camino a seguir.

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