Economía suavizará las exigencias a las empresas auditoras
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, someterá en breve a la aprobación del Consejo de Ministros una reforma de la ley de Auditoría que tendrá en cuenta algunas de las principales demandas del sector, centradas en la introducción de una mayor flexibilidad en cuanto a la regulación de las responsabilidades exigibles y las sanciones aplicables a las auditoras. El borrador está ahora en manos del Ministerio de Justicia y la aspiración de Solbes es que el proyecto de ley obtenga el máximo acuerdo parlamentario posible.
El Gobierno tenía dos alternativas: apurar el plazo para incorporar a la normativa española la directiva comunitaria publicada el año pasado, con plazo de vencimiento en junio de 2008, o anticipar dicha transposición y aprovecharla para reformar la ley de 1988 en la línea de las demandas expuestas por el sector en los últimos años, sobre todo desde que el PP, legislando en caliente tras el caso Gescartera, endureció en 2002 las responsabilidades y las sanciones exigibles a las empresas auditoras. Solbes se ha apuntado a esta última opción y quiere aprovechar los dos meses hábiles que restan de actividad parlamentaria para alcanzar un amplio acuerdo con todos los grupos, incluido el PP, y sacar adelante la reforma, que tendría que tramitarse para poder ver la luz en esta legislatura por el procedimiento de urgencia.
Antes de que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros, Economía deberá tener en cuenta el criterio del Ministerio de Justicia, que ya está analizando el borrador, y resolver también las diferencias que han nacido con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), menos proclive que algunos altos cargos de Economía, como regulador que es, a rebajar las responsabilidades y las sanciones exigibles a las empresas. Economía no quiere hacer estas reformas en dos fases y ha optado por introducir ambas, una derivada de las lógicas demandas del sector y otra de la directiva comunitaria que mejora la calidad de la auditoría, en el mismo borrador.
Referencia para aplicar las multas
El sector, que hace un mes intentó canalizar sus iniciativas a través de una proposición de ley registrada por CiU en el Congreso, defiende que las posibles multas derivadas de malas prácticas profesionales tomen como referencia los fondos propios de la auditora y no los honorarios facturados por el negocio en el último ejercicio, como establece la norma todavía vigente. Ceder a este pretensión, señalan fuentes conocedoras de la negociación, sería tanto como facilitar que las propias auditoras se auto regulen, razón por la que se quiere alcanzar un término medio que no llegue a resultar confiscatorio para las auditoras. Las faltas graves están castigadas en la actualidad con sanciones que oscilan entre el 10 y el 20% de los honorarios facturados.
Economía es permeable a flexibilizar el régimen de responsabilidad civil de las auditoras para que éste sea más proporcional al posible daño causado y considera también la posibilidad de que las fianzas que las empresas del sector deben depositar en efectivo sean más próximas a su volumen de negocio.
Mejorar la calidad del modelo de supervisión, objetivo compartido
Uno de los principios que animan la directiva comunitaria 2006/43 que Economía introducirá en la normativa española es el de mejorar la calidad del modelo de supervisión del sector, un objetivo que también ha acompañado las diferentes reformas introducidas a lo largo del tiempo en la ley de Auditoría de Cuentas del año 1988. La paradoja que se observa en el Gobierno es que la mayor presión para que la reforma sea rápida y en profundidad proviene, sobre todo, del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, cuyo presidente, Rafael Cámara, fue uno de los principales cerebros de las modificaciones legales que el PP introdujo en la ley en noviembre de 2002, con Rodrigo Rato de vicepresidente económico. El Ejecutivo del PP promovió en aquella fecha una ley de medidas de reforma del sistema financiero que no dejó contento al sector porque entendió que era una legislación en caliente derivada de escándalos como el caso Gescartera, cuyo juicio está previsto en otoño.
Acuerdo en la necesidad de garantizar la independencia
Otro de los aspectos básicos de la reforma que tiene en cuenta la directiva comunitaria de 2006 pendiente de transposición en España es el de reforzar las garantías de independencia de las sociedades de auditoría de las empresas auditadas. Los documentos sobre los que ha trabajado Economía para ultimar su borrador se atienen a una serie de preceptos básicos recogidos también por la proposición de ley que CiU presentó hace un mes en el registro del Congreso.Entre estos preceptos figura la exigencia de que los auditores se abstengan de realizar su función si mantienen alguna relación financiera, comercial, laboral o de otro tipo con la entidad auditada. Del mismo modo, hay interés en precisar más algunos requisitos dirigidos también a reforzar la independencia que tienen relación con el cómputo de las incompatibilidades y la duración de los contratos establecidos con las empresas auditoras.
Vía de urgencia
Las posibilidades de que la reforma salga en la presente legislatura dependerán del grado de acuerdo que Economía alcance con los distintos grupos parlamentarios, especialmente el PP. Descontando las vacaciones de verano y las de Navidad, quedan poco más de dos meses de actividad legislativa, por lo que el proyecto de ley tendría que tramitarse en el Congreso y en el Senado por el procedimiento de urgencia, que rebaja los plazos a la mitad.