Nuevas tareas para las Cámaras
Las Cámaras de Comercio quieren reforzar su función de órgano consultivo de la Administración en asuntos de interés para las empresas. La idea es que a partir de 2008 el Consejo Superior de Cámaras realice un informe de carácter no vinculante sobre el impacto económico de cada ley que se apruebe en el Congreso de los Diputados, un proyecto que ve con buenos ojos la Oficina Económica de Presidencia.
Aunque faltan por definir muchos aspectos de cómo se articularán los informes, éstos servirán, fundamentalmente, para ampliar la información que se ofrece en las memorias económicas de muchas leyes, información que se limita hasta ahora a recoger su incidencia sobre el gasto público. La iniciativa servirá, además, para definir mejor el papel de las Cámaras de Comercio como colaboradoras de la Administración en el fomento empresarial. Un papel para el que están bien dotadas si se tiene en cuenta su enorme capilaridad, con presencia en 400 puntos del territorio nacional, una circunstancia que las convierte en un barómetro muy privilegiado de las preocupaciones y problemas de las empresas.
Siempre es bienvenida cualquier iniciativa que sirva para mejorar los canales de comunicación entre la sociedad civil y el Parlamento. Es de agradecer, por tanto, que estas corporaciones de derecho público y financiadas con cuotas empresariales obligatorias cumplan una función mucho más activa en el impulso de la competitividad de las empresas a las que representan, aunque sea por la vía de generar debate con sus informes y el análisis de impacto de los proyectos legislativos que se plantean.
Más del 50% de la competitividad depende del entorno en el que se desarrolla un negocio y buena parte de los problemas, sobre todo de las pymes, derivan precisamente de la sobredosis legislativa y el exceso de burocracia en España. Es de esperar que la contribución de las Cámaras sea un paso más en el intento por despejar el camino de las empresas españolas.