Industria rebaja 700 millones los incentivos a las eléctricas
El incentivo por garantía de potencia de la tarifa eléctrica, que supone casi 700 millones, está en el aire. El nuevo real decreto de tarifas prevé eliminar a partir de octubre un mecanismo 'pervertido' y sustituirlo por otro que prime la inversión y la disponibilidad. En el primer caso un 93% de las centrales dejaría de cobrar.
Si no es posible ingresar más por la tarifa eléctrica, habrá que recortar los costes para hacer huecos. æpermil;sta parece ser la máxima del Ministerio de Industria, que incluyó, finalmente, en el real decreto de tarifas de julio una importante modificación: la del mecanismo de retribución por garantía de potencia, que para este año supondrá el pago de 686 millones de euros a las centrales, en su mayoría de carbón (305 millones) e hidráulicas (80 millones).
Una de las disposiciones el real decreto establece que partir del 1 de octubre entrará en vigor un nuevo sistema de pago destinado a garantizar la fiabilidad, que ¢se articulará en dos tipos de incentivos: uno para promover las inversiones de generación y otro, la disponibilidad de las instalaciones para el sector eléctrico¢.
Por el momento, tal como indica la norma, las centrales anteriores a la entrada en vigor de la ley eléctrica, de noviembre de 1997, ¢no tendrá derecho a percibir el incentivo a la inversión¢. Esto, según los datos públicos, afectará a 930 instalaciones (el 93% del total), con una potencia instalada de 41.190 MW, que representa el 70% de la total del régimen ordinario peninsular. En el caso de las extrapeninsulares, un 73% de las instalaciones (el 63% de la capacidad) no tendrá derecho a percibir el incentivo por inversión.
La intención del ministerio es limitar este pago a las centrales de ciclo combinado a gas durante un periodo de cinco a siete años. Así, de los 19.000MWque en teoría tendrán derecho a cobrar garantía de potencia por inversión (un centenar de instalaciones), más de 17.000 MW son ciclos combinados.
En el caso del segundo incentivo, el de la disponibilidad, se podrán beneficiar del mismo (por una cuantía por determinar) más de mil instalaciones, si bien, en este caso, la mayoría son de carbón o hidráulicas.
Pero llueve sobre mojado, pues en el real decreto de tarifas de enero, el Gobierno ya eliminó la garantía de potencia para las nucleares, lo que supuso un ahorro en la tarifa de más de 300 millones. También hizo lo propio con la energía eólica (la que menos garantías de funcionamiento ofrece al sistema) en el real decreto del régimen especial.
Sin embargo, en el primer caso, se trató de una medida provisional, en tanto se establecía un sistema más racional. Aunque no por inversión, las nucleares sí podrán percibir el incentivo por disponibilidad.
De hecho, en el decreto de enero, Industria incluyó un mandato a la CNE para que, antes del 1 de junio, elaborase, en colaboración con el regulador portugués, una nueva metodología para la garantía de suministro.
El 15 de junio, el ministerio recibió la propuesta del consejo de reguladores del Mibel que, en sus grandes rasgos, ha sido recogida el último decreto de tarifas. Sin embargo, la medida, que ha creado gran malestar por su urgencia entre las empresas del sector, no se incluyó en el borrador del decreto que informó la CNE.
El incentivo a la inversión está destinado a asegurar un margen de cobertura mínimo de capacidad sobre la demanda (que determinará REE), en el caso de que el mercado o el pago por disponibilidad no sean suficientes. Sin embargo, ¢si se aplica el índice de cobertura que REE considera deseable, el 1,10%, nadie cobraría incentivo por inversión, pues ahora se sitúa en un 1,19%¢, aseguran fuentes del sector. æpermil;stas añaden que la medida es precipitada y está destinada ¢a beneficiar a Gas Natural¢.
Una decisión anterior a la congelación de tarifa
La garantía de potencia es un incentivo que las centrales eléctricas reciben en función de su disponibilidad y para optar a ella deben acreditar unas determinadas horas de funcionamiento al año. Esta retribución supuso un coste en la tarifa de unos mil millones de euros en 2006 y de casi 700 millones este año, pues Industria eliminó en enero la que recibían las nucleares. En su origen, se perseguía incentivar a las centrales poco rentables y de escaso funcionamiento, pero necesarias en momentos de fuerte demanda. Pero el sistema se pervirtió cuando, a cambio de una quita en los CTC, el Gobierno del PP dio garantía de potencia a todas las centrales. Aunque la aplicación del nuevo sistema pueda considerarse una medida de Industria para compensar la congelación de las tarifas domésticas decidida por el Consejo de Ministros el 29 de julio, lo cierto es que ya estaba en el real decreto. No así en el borrador del mismo que había enviado previamente a la Comisión Nacional de la Energía para su informe y que ésta le devolvió días antes de que el Gobierno lo aprobase, con la consabida censura a la subida de la tarifa doméstica (en un 1,8%) propuesta por el departamento que dirige Joan Clos.La explicación oficial es que el ministerio recibió con escaso margen de tiempo (el 15 de junio) la propuesta que había encargado a la CNE y al regulador portugués para que elaborasen un sistema más racional de garantía de potencia. Entre las eléctricas, que esperaban contar con un mayor margen para adaptarse al nuevo sistema, lo consideran ¢una medida a traición¢, que critican, además, porque desconocen las intenciones reales del ministerio al respecto.