El 'no' a la subida de la luz a los hogares
El ministro de Industria elevó al Consejo de Ministros del 29 de junio una nueva subida de las tarifas eléctricas que afectaba a los siguientes grupos: de consumidores domésticos, 1,81%; pequeñas industrias y servicios, 5%; regantes, 5%; industrias, con un abanico de 0% a 1,9%. Según información aparecida en la prensa, el Consejo de Ministros acordó no subir la tarifa doméstica, aprobó la propuesta para regantes, unificar en el 1,9% el aumento para la industria y fijar en el 4,32% la subida de tarifas de pequeñas industrias y servicios.
Parece que el Gobierno ha aceptado la recomendación de la Comisión Europea de ajustar las tarifas reguladas del mercado de la electricidad a los costes reales derivados de su producción y distribución, excepto en el consumo doméstico, evitando los déficits tarifarios que constituyen una ayuda encubierta del Estado, incumpliendo la normativa comunitaria.
La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre las tarifas eléctricas reguladas que existen en España para las grandes empresas, artificialmente bajas, que ha provocado un déficit de 3.810,5 millones de euros en 2005. Dicho déficit se va a financiar con un recargo del recibo de la luz del consumo de los hogares durante un periodo de 15 años. Este tema lo traté en mis artículos publicados en este diario los días 3 de febrero y 23 de junio pasados. Hoy analizaremos la política del Gobierno de no aumentar las tarifas de la luz del consumo doméstico, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la equidad.
Desde el punto de vista de la eficiencia, adelantamos que la medida de congelar las tarifas de la luz de los consumidores domésticos es totalmente ineficiente. Se trata de un bien en el que la energía importada (petróleo y gas) constituye una materia prima en su elaboración, por tanto si no se traslada al consumidor la subida de los precios de la energía importada se está incentivando el consumo de la misma. Con el fuerte déficit que España tiene con el exterior, realizamos en el sector energético una política de incentivar su consumo no repercutiendo en precios los mayores costes que pagamos por los productos energéticos.
Viene a mi recuerdo la política que practicó el Gobierno de entonces con los productos petrolíferos a consecuencia de la crisis energética de finales de la década de los setenta. Estaba yo de consejero delegado de Iberia y el precio del carburante de los aviones se multiplicó por tres. Se presentó en la Junta Superior de Precios el oportuno expediente para repercutir en los precios del transporte aéreo tal subida.
La Junta comunicó a Iberia que los cálculos que constaban en el expediente eran correctos, pero que dada la fuerte inflación existente no podían autorizar la repercusión en el transporte aéreo del aumento en el precio del queroseno, por lo que deberíamos solicitar del Ministerio de Hacienda la oportuna subvención por si tal ministerio la consideraba procedente. Así se hizo y Hacienda contestó, sin entrar en el fondo del asunto, que la situación presupuestaria impedía otorgar la subvención solicitada. El ministro de Hacienda era Jaime García Añoveros y Fernando Abril tenía a su cargo la vicepresidencia económica y el Ministerio de Economía.
La consecuencia fue que Iberia, empresa pública, entró en pérdidas a consecuencia de no autorizar el Gobierno la repercusión en el transporte aéreo del fuerte aumento habido en los mercados internacionales del precio del petróleo. Parecía imposible que transcurridos más de 25 años el Gobierno volviese a incurrir en el mismo error, que tan desastroso fue para la economía española.
La pregunta que hacemos es la siguiente: ¿se va a conceder a las eléctricas la oportuna subvención presupuestaria por el déficit tarifario del consumo doméstico, o se va a autorizar por el Gobierno en el futuro un recargo durante 15 años sobre las tarifas domésticas de consumo de electricidad, sistema utilizado hasta ahora para financiar los déficits tarifarios y la carga de intereses que origine durante el citado plazo la financiación de dicho déficit tarifario? Alguien tendrá que pagarlo, a menos que pongamos en pérdida a las empresas eléctricas.
En ambos casos se producirá una falta de eficiencia, ya que los consumidores no sentirán la repercusión inmediata en el precio de la electricidad de la subida internacional de los precios del gas y del petróleo y, por tanto, no tomarán medidas para restringir su consumo. Pero al mismo tiempo se producirá una falta de equidad, ya que en el supuesto de subvención se repercute entre todos los españoles, vía impuestos, lo que debieran pagar los consumidores domésticos y, en el caso de recargo sobre la tarifa de consumo doméstico, por la discriminación que se produce con otros grupos de consumidores.
Ni razones de eficiencia ni de equidad aconsejaban que el Gobierno adoptara la política pública de congelar las tarifas eléctricas de consumo doméstico, la única razón por tanto ha sido política. En un periodo preelectoral como el que estamos viviendo, el Gobierno parece estar más interesado en no perder votos que por el interés general, ya que para el interés general del país hubiera sido necesario repercutir en todas las tarifas eléctricas, entre ellas las de consumo de los hogares, el mayor coste del petróleo en los mercados internacionales. La no subida de dichas tarifas fue igualmente defendida por los partidos políticos.
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid