El 18% de la población está privado del mínimo bienestar material
Hay muchas maneras de medir los niveles de pobreza. Un estudio presentado ayer por la Fundación Alternativas combina los indicadores de condiciones de vida para identificar a las familias que sufren privación material. Uno de sus resultados refleja que el 18% de la población española tiene un nivel de renta inferior al umbral relativo de pobreza. Tres son las carencias más frecuentes en este colectivo: tener que renunciar a unas vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (97%), no poder permitirse una calefacción adecuada para la vivienda (93%) y carecer de ordenador debido a la falta de recursos (72%).
El estudio, elaborado por Rosa Martínez López, profesora de Economía Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, refleja que más de un tercio de la población declara que llega a fin de mes con mucha dificultad y más de un cuarto no ha podido permitirse adquirir un automóvil. La situación se agrava si se restringe la atención al 8% de los ciudadanos españoles que carece de cuatro o más ítems básicos: además de los problemas aludidos, incrementados, tiene habitualmente retrasos en los pagos periódicos. Un 27% lo tiene en el abono de los recibos, un 14% en el alquiler o la hipoteca del piso y un 9% en el pago de compras aplazadas o en la devolución de los préstamos no asociados a la vivienda. En ocasiones, no pueden permitirse una alimentación adecuada (14%). Además, un 3% carece, involuntariamente, de un televisor en la vivienda.
Como es lógico, la proporción de hogares pobres que sufren privación material aumenta según se incrementa el número de años que se experimenta una renta baja.
El informe de la Fundación Alternativas considera que los riesgos de sufrir estas situaciones aumentan en los casos de hogares compuestos por jóvenes menores de treinta años, las familias numerosas, los hogares cuya principal fuente de ingresos son las prestaciones por desempleo u otras prestaciones o subsidios diferentes de las pensiones, los hogares con una tasa de paro elevada y las familias que deben afrontar unos gastos elevados en relación a sus ingresos derivados del alquiler o la compra de la vivienda. En el lado opuesto se sitúan las parejas de adultos sin hijos, los hogares que no han conocido el paro y los que tienen una vivienda en propiedad a un coste razonable.
Los ciudadanos residentes en las dos Castillas y en Extremadura son los que mejor han evolucionado en los últimos años en términos de disminución de riesgos.