Tarifas eléctricas de ida y vuelta
La semana pasada el Consejo de Ministros congeló las tarifas eléctricas que abonan los hogares españoles, pero elevó aquellas que soportan las empresas, con diferente intensidad en función del consumo. Por tanto, los hogares no tendrán una nueva subida hasta el primero de enero y mantendrán todo el año el incremento que se aplicó en enero pasado del 2,8%. La decisión de congelar el coste de la energía para las familias fue del propio presidente del Gobierno, en contra de la opinión de la Comisión Nacional de Energía y del propio Ministerio de Industria. Una combinación entre el compromiso electoral del presidente de que los costes reflejados en el recibo de la luz no subirían más que el índice de precios de consumo y el fundado temor de que una subida adicional podría poner de nuevo la inflación fuera de control ha justificado la decisión de Moncloa.
Pero este cambio de criterio político, que recuerda otros del pasado que impedían llevar a los consumidores el verdadero coste del butano en los años ochenta, o de la gasolina en los años setenta, tiene limitada coherencia con el comportamiento economicista del mercado energético. Las explicaciones del vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía para convencer a los consumidores y a los productores de energía de que había que ajustarse a las reglas del mercado, y no subvencionar con déficit de tarifa ni el recibo ni los dividendos que las compañías eléctricas abonaban a sus accionistas, se han volatilizado. Al menos hasta el mes de enero.
La Administración ha practicado una política energética poco diáfana en los últimos meses, muy condicionada por la pugna por el control de las grandes empresas; pero había logrado imprimir importantes dotes de sensatez en materia tarifaria, que no pueden deshacerse por un simple cálculo electoral. La energía debe pagarla quien la consume, y las tarifas deben tener un componente punitivo con las actitudes despilfarradoras, a la vez que un estímulo con las destinadas a la actividad productiva.