El difícil camino en el exterior
Las empresas españolas se han convertido en pocos años en uno de los pulmones de la inversión en el mundo. Con apuestas firmes y exitosas en servicios financieros, concesiones de infraestructuras, en el negocio energético o en las telecomunicaciones, nunca el sector privado español ha estado tan presente en el escenario internacional. Lo más esperanzador de este plausible proceso es que no sólo ha sido en mercados en desarrollo, sino también en los más maduros. La visibilidad de las empresas se sitúa así en el lugar que le corresponde a una economía en franco crecimiento hace más de trece años, que figura con holgura entre las diez primeras del mundo.
En este camino las empresas se están enfrentando, sin embargo, a sorpresas poco explicables. Aunque no justificable, podría parecer comprensible que en países en desarrollo, en los que la seguridad jurídica también está en diseño, las empresas se encuentren con reglas de juego poco definidas. Pero es incomprensible que estos casos se den en países con economías maduras, donde no cabe esperar tales carencias.
Tres grandes compañías se enfrentan hoy en el exterior a casos con sospechoso aire de intervencionismo administrativo. La apuesta de Sacyr por la constructora francesa Eiffage se enfrenta a la natural puja entre empresas, pero también a otros intereses. Las trabas a Sacyr del regulador AMF coinciden precisamente con su intento de obtener un refuerzo de sus poderes. El caso de Abertis en Italia, donde intenta hacerse con la concesionaria de autopistas Atlantia -antigua Autostrade- ha chocado con movimientos del Gobierno de Roma contra la libre entrada de capitales en el sector denunciados incluso por la Comisión Europea. Pero la palma de esta fiebre proteccionista se la lleva el país de la iniciativa privada por excelencia: EE UU. En una medida sin precedentes, el Estado de Texas ha retirado la gestión de la autopista Dallas-Forth Worth a la ganadora de la adjudicación, la española Cintra, del grupo Ferrovial, para dársela a un consorcio público.
La lectura positiva es que estos casos prueban, sobre todo, la pujanza de las empresas españolas y la apertura de nuestra economía. Pero no dicen nada bueno del nivel internacional de la libre competencia.